El Consultiu señala que hasta enero el plazo de reclamaciones del Govern era de 8 meses
El lote de mascarillas fraudulentas, guardadas en un almacén del IB-Salut. / CAIB / DM
El Consell Consultiu de las Islas Baleares concluye en su último dictamen que hasta el pasado mes de enero el Govern balear y la administración autonómica tenían un plazo de 8 meses para la resolución de los contratos firmados con empresas y a partir de esa fecha el tiempo máximo es de 3 meses.
En un dictamen con fecha del 15 de mayo de 2024, el Consultiu explica que el cambio ha tenido lugar a raíz de sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 29 de enero de 2024, que estable un plazo de 3 meses.
El Consell Consultiu alude a esta sentencia, que afirma que el plazo de caducidad será de 8 meses en el ámbito de la Administración General del Estado y de 3 meses en el de las administraciones autonómicas y locales.
En estas últimas, se podrá establecer "un plazo diferente a través de sus normas" y, "a falta expresa de plazo de caducidad, será el plazo general de 3 meses que refieren la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común".
En su argumentación, el Consultiu afirma que en los últimos dictámenes ya apuntaba que "esta cuestión del plazo era controvertida" y que el pronunciamiento del Supremo "da por zanjada la controversia" en el ámbito de la administración de las Islas Baleares y su sector público.
El actual Govern balear del PP, como señala el Consultiu, mantiene que la resolución parcial del contrato de compra de 1,5 millones de mascarillas compradas por 3,7 millones de euros en mayo de 2020 tenía un plazo de ejecución de 8 meses a partir de la firma de la reclamación a la empresa a finales de agosto del año pasado.
Por contra, el PSIB-PSOE sostiene que era de 3 y acusa al ejecutivo de dejar caducar este expediente en connivencia con la trama del caso Koldo.
Tras el dictamen del Consultiu, el Ib-Salu y toda la administración autonómica aplicará el plazo de 3 meses a partir del 15 de mayo.
El Ib-Salut solicitó en su reclamación inicial del año pasado 2,6 millones de euros por la diferencia entre las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión y las que finalmente recibió, de menor calidad.
Finalmente, este año desistió de este expediente al considerar nulo el contrato inicial y abrió otro en el que exige la totalidad del dinero abonado, 3,7 millones.
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