"Hay que poner delante a gente que no esté manchada, y los demás dar un paso atrás, yo el primero", sentenció Francesc Buils a los restantes miembros de la ejecutiva de UM, el mismo día que decidieron convocar el congreso de refundación. El arresto no debió pillar ayer desprevenido al ex conseller de Turismo: Cuando estalló la operación Voltor, ya temió ser uno de los esposados, junto a sus otros seis compañeros de partido, y así lo manifestó en su entorno más cercano. Se libró, hasta que al final cayó ayer en la segunda fase de detenciones, al igual que el poderoso empresario de comunicación Jacinto Farrús, con cuyo nombre también se especulaba.

Buils es el segundo ex conseller de Turismo de esta legislatura que duerme en los calabozos, después de Miquel Nadal. Respecto a Farrús, que se sepa, su principal vínculo con UM pasa por IB3 y su director general, Antoni Martorell; ambos fueron socios a nivel privado y mantienen en la actualidad una intensa relación profesional, al ser Farrús uno de los principales contratistas de la radio y televisión autonómicas.

En principio a Buils se le acusa de haber favorecido a la empresa de nuevas tecnologías Minser, como alto cargo que era del Consell de Mallorca en la pasada legislatura. La Fiscalía Anticorrupción también investiga a Minser como receptora de importantes cantidades de dinero público desde la conselleria de Turismo, ya con el Govern de Francesc Antich, y por su posible vinculación ilegítima con UM.

A la espera de conocer más datos –cabe recordar que el caso sigue bajo secreto de sumario–, la conexión delictiva entre Buils y Farrús podría ser solo coyuntural, puesto que habrían sido otros miembros de UM los que supuestamente habrían beneficiado al todopoderoso empresario: A finales de 2008, a instancias de Buils la conselleria de Turismo convocó un concurso para adjudicar un servicio de benchmarking –evaluar comparativamente productos, servicios o prestaciones de trabajo para determinar las mejores prácticas y aplicar la metodología en la oferta propia–. Lo hizo a través del ya desaparecido Instituto de Estrategia Turística (Inestur), y contó con un presupuesto de licitación de 360.000 euros.

Cubic, una empresa participada por profesores de la UIB, impugnó el concurso al considerar que lo había ganado, pero se habían amañado los resultados para que sacara mayor puntuación una empresa de Farrús, que también presentó una plica. Cuando Nadal fue nombrado conseller tras la dimisión forzada de Buils, paralizó la adjudicación declarando desierto el concurso, seguramente apercibido de la polémica que se avecinaba. Es decir, en principio los 360.000 euros no llegaron a manos de Farrús, pero en cualquier caso ya era tarde.

La teoría que reina en UM es que Cubic denunció los hechos ante la Fiscalía, se abrieron diligencias, se autorizaron pinchazos telefónicos a los antiguos responsables del Inestur, y ahora se empiezan a vislumbrar los resultados, mayores de lo esperado. Una vez más, a partir de un indicio de delito puntual se llega a un complejo entramado de corrupción, y que de corroborarse resultará irrisorio comparado con el punto de partida.

De lo trascendido hasta ahora, se desprende que el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver, confesó el fraude a la Policía y los fiscales, y señaló al ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, como el responsable de la orden de favorecer a Farrús. Flaquer está indignado con estas acusaciones, y las ha negado tajantemente. La Justicia intentará determinar también ahora si Buils convocó el concurso de benchmarking como pura tapadera para regar de dinero público a Farrús, o si las cosas se torcieron por el camino.

Sea como sea, a día de hoy ya son siete los ex miembros de UM –Buils se dio de baja la semana pasada, según fuentes del partido– imputados en la operación Voltor, entre ellos dos de los cuatro ex consellers de Turismo que ha tenido de momento Antich.