"Una huelga de jueces estaría moralmente justificada por la carencia de medios con los que están trabajando y jurídicamente es factible. No hay ningún apartado en la Constitución que impida a los jueces ejercer su legítimo derecho a la huelga, como tampoco se les impide sindicarse o afiliarse a un partido político", opinaba el decano electo de los jueces palmesanos, Francisco Martínez de Espinosa, poniendo de relieve el malestar existente en la judicatura española por la falta de medios con la que trabajan y la falta de respuesta del Ministerio a sus requerimientos.
La maquinaria que podría conducir a la primera huelga de los jueces ya está en marcha. El próximo jueves los 23 jueces de primera instancia y los dos titulares de los juzgados de lo mercantil de Palma decidirán si "comienzan a trabajar estrictamente lo que les toca", reveló el decano de los jueces de Ciutat, que habló de cumplir "escrupulosamente" los módulos de trabajo que marca el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).
"Y el día 21 de este mes los jueces del partido judicial de Palma celebrarán una junta que en la uno de sus puntos será previsiblemente la posibilidad de llevar a cabo una huelga el próximo 18 de febrero", señaló Martínez Espinosa, que consideró que si esta protesta se lleva a cabo "provocará la suspensión de miles de juicios en todo el país" que retrasarán considerablemente el normal funcionamiento de la administración de Justicia.
El decano añadió que, por de pronto, las juntas de jueces de Murcia y Extremadura ya han anunciado su intención de secundar la protesta.
Y Martínez Espinosa recalcó que, pese a que las juntas provinciales no decidan unitariamente secundar la huelga, cada juez podría sumarse individualmente a la reivindicación si cualquier asociación judicial la convoca, independientemente de que el magistrado en cuestión esté o no afiliado a esa organización.
Contencioso
Ante la posibilidad de que el Ministerio fije unos servicios mínimos máximos durante la jornada de huelga, el decado del partido judicial de Palma advirtió de que ante esta tesitura "cabe la posibilidad de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional vía contencioso por procedimiento específico por vulneración de derechos fundamentales".
Martínez Espinosa insistió en que, en su opinión, los jueces tienen derecho a realizar una huelga - "en Francia, Italia y Portugal ya la han hecho", puso como ejemplo- aunque admitió que "tiene un mal acomodo al tratarse de un poder del Estado aunque el trabajo de los jueces también tiene aspectos de prestación laboral. Y en realidad seríamos un poder del Estado en sentido estricto si pudiéramos decidir la carga de trabajo que somos capaces de asumir y los medios materiales que necesitamos para desarrollarla".
"Aunque afectaría a servicios esenciales para la comunidad, ya tenemos un precedente con la huelga que realizaron los funcionarios de la Justicia el curso pasado", recalcó el decano de los jueces palmesanos.
Martínez Espinosa matizó que "no se podrá llevar a cabo una huelga salvaje. Se tendrán que marcar unas guardias y respetar las causas preferentes con preso".
Para el decano, "el ministerio de Justicia lleva años y años pidiendo un sobreesfuerzo a los jueces y, de repente, cuando sobreviene una desgracia (aludiendo al caso de la niña Mari Luz), nos da un garrotazo pese a que llevamos años con cargas de trabajo muy por encima de las que podemos soportar".
(Más información en pag. 30)
