Ribera da largas a las renovables y se resiste a otra prórroga que exigen cientos de plantas verdes en peligro

El sector de las energías renovables advierte de que se avecina un colapso en el despliegue de nuevas plantas. Cientos de proyectos verdes, en torno a un millar, tienen un plazo legal para estar funcionando a mediados de 2025 y no perder el codiciado permiso de conexión a la red eléctrica.

Y las patronales renovables avisan de que la mayoría de proyectos cumplirán con ese tope temporal por el atasco que va a suponer que todo el sector esté intentando contratar proveedores (los mismos proveedores) para construir la avalancha que viene de nuevas instalaciones en un plazo tan corto. Por eso, las asociaciones anticipan que necesitarán al menos dos años más para evitar que caigan gran parte de los proyectos.

El Gobierno ya ha concedido dos prórrogas para facilitar el cumplimiento de toda la tramitación de los permisos administrativos que dura unos cinco años. En total, se han aprobado 15 meses de alivio para cumplir requisitos de todo el proceso en varios de sus hitos temporales (9 meses para conseguir la declaración de impacto ambiental y otros 6 meses para la autorización de construcción). El Ejecutivo entonces las justificó por las dificultades generadas por la pandemia de covid y por el desbordamiento de las administraciones públicas (especialmente las comunidades autónomas) para estudiar y aprobar todas las solicitudes presentadas.

Frente a las presiones que arrecian desde el sector para conseguir un nuevo aplazamiento, ahora para materializar la construcción de las nuevas plantas renovables, el Gobierno actual en funciones se limita a dar largas a las compañías, y de momento se resiste a conceder nuevas prórrogas o siquiera a anticipar que esté dispuesto a hacerlo en el futuro.

“Las administraciones públicas no deben ser cuellos de botella [en el desarrollo de las renovables], pero no son el más importante”, avisó este martes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la inauguración del foro anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la mayor patronal del sector solar. “La tramitación administrativa no es el único factor limitante para las plantas solares, y no es el más importante”, subrayó.

Urgente o no

El Ejecutivo aprobó la última de las prórrogas ya concedidas el pasado junio con el macrodecreto escoba de final de legislatura antes de las elecciones del 23J. El sector de las renovables se quejó de que sólo se concedieran seis meses más para conseguir la autorización de construcción (hasta el próximo enero, en la mayoría de los casos) y no se aprovechara para ampliar también el tiempo disponible para terminar la construcción de las plantas y ponerlas en funcionamiento en julio de 2025.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se argumentó entonces en que no era posible incluir en el real decreto ómnibus la prórroga de plazos administrativos que expiran a mediados de 2025 porque no podía justificarse como una medida urgente. Con el Gobierno en funciones hasta que fructifique una investidura, ahora además tiene limitada su capacidad de gestión. El Ejecutivo en funciones tiene muy reducido su poder de maniobra para activar nueva legislación si no se puede justificar su extrema necesidad y urgencia, y más cuando -como es el caso de la prórroga- sería necesario un real decreto ley.

“Probablemente hay proyectos que necesiten más tiempo”, concedió este miércoles la vicepresidenta Ribera, pero sin dar por hecho que se vaya a aprobar una extensión general de los plazos. En opinión de la ministra para la Transición Ecológica, el problema de los retrasos en los procesos no sólo es por el atasco administrativo y apuntó la necesidad de las empresas de ganar el apoyo de los ciudadanos de las zonas en las que se asienten. Ribera defendió que las compañías se ganen una especie de “licencia social”, el respaldo de los territorios, demostrando ser “buenos vecinos en los entornos” en que se instalen en el diseño e implantación de sus proyectos.

Dos años más de gracia

La patronal fotovoltaica UNEF reclama abiertamente una prórroga de dos años más para la construcción de los proyectos en tramitación, lo que ampliaría de 2025 a mediados de 2027 el tope para la mayoría de las futuras instalaciones para evitar el atasco de proveedores de construcción, los equipos, transporte…

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) aún trabaja con sus socios para concretar manera definitiva una propuesta al Gobierno. Pero las opciones que hasta ahora se manejan de manera interna pasan por reclamar una prórroga general de dos o más años para todos los proyectos o una extensión de los plazos mediante sistema de cupos por años para que los proyectos se vayan apuntando en función de cuando estarán operativos, en 2025, 2026, 2027 o incluso más adelante.

Además de la saturación de las cadenas de suministro, desde el sector se advierte de que precisamente las dudas sobre que sean capaces de conseguir cumplir los plazos de los proyectos está dificultando obtener la financiación necesaria de los bancos. Los pequeños y medianos grupos energéticos sin suficiente músculo financiero para cubrir con capital propio las inversiones necesarias se exponen a no conseguir la financiación para seguir adelante.

No todas las compañías renovables defienden la necesidad de seguir ampliando plazos. “Ya se ha sido flexible y estaba justificado por la pandemia y por la falta de recursos de las administraciones públicas. Ahora se nos echa encima el plazo de 2025, pero ya lo sabíamos desde 2020. Se puede pedir más flexibilidad, pero hablar de “años” me parece que está desenfocado”, sostuvo Julio Castro, consejero delegado de Iberdrola Renovables, en el foro de UNEF. “Los plazos están para cumplirlos. Hay empresas que han renunciado a proyectos porque pensaba que no podían cumplir con los cinco años. Flexibilidad, sí, pero no café para todos”, abundó Rocío Sicre, directora general de EDPR España.

Otras fuentes del sector renovable, muy por el contrario, apuntan que muchos proyectos bien preparados no sólo han conseguido ir superando todas las fases administrativas, sino que incluso ya están en construcción, y se quejan de que otros proyectos mal diseñados o que han debido ser corregidos mantienen ‘secuestrado’ el codiciado permiso de acceso a la red eléctrica gracias a las prórrogas concedidas.

La aluvión verde que viene

El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 megavatios (MW) obtuvieron la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas. Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central o de las comunidades autónomas la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y luego les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio (ahora prorrogada hasta finales de enero).

Proyectos por 15.000 MW ya habían conseguido este último permiso antes de que se aprobara la prórroga, pero los 43.000 MW restantes se exponían a decaer por el atasco burocrático y porque en muchos casos se les había requerido modificaciones al proyecto o nuevas exigencias que hacían imposible cumplir con el plazo. Además de estos 43.000 MW cuyo tiempo se agotaba de manera inminente, plantas de otros 10.000 MW que disponían de más tiempo y que tenían que obtener los permisos más adelante, también se beneficiarán de la prórroga de seis meses. En total, un millar de proyectos por un total de 68.000 MW deben afrontar sus trabajos de construcción en los próximos años.

El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó en junio el proceso para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde del país hasta 2030, para disparar los objetivos de despliegue masivo de energías limpias y de reducción de emisiones para avanzar hacia la descarbonización de la economía.

El borrador de la nueva versión catapulta los objetivos de más renovables (con mucha más energía eólica, más fotovoltaica, más hidrógeno verde, más almacenamiento eléctrico…) con un 56% más de energía verde adicional en relación al plan vigente, aprobado hace tres años. En la práctica, la nueva meta supone que hay que incrementar en 85.000 MW la potencia verde actual. Desde el sector de las renovables se advierte de que para alcanzar la ambiciosa meta de nuevas renovables del nuevo PNIEC es imprescindible evitar el colapso de los 68.000 MW de nueva potencia en verde ahora en tramitación.