2024: el Futuro del Fútbol

En 1986 me dedicaba a dar patadas a un balón de fútbol en el Atlético de Madrid en la categoría Sub 19, junto a ilustres compañeros como Carlos Aguilera, Solozábal o Juanma López. Años después, en 1992, ‘nuestra quinta’ lograba la primera medalla olímpica del fútbol español de la mano de leyendas, como los mencionados, junto a otros como Cañizares, Alfonso, Luis Enrique, Abelardo o Kiko Narváez; pero sobre todo de mis amigos de infancia y compañeros en el CIDE: Gabi Vidal y Chichi Soler; y es que bajo la batuta de ‘Bibi’ nuestro entrenador y junto a otros grandes ‘peloteros’ formamos el equipo más laureado del fútbol balear de todos los tiempos. Eran tiempos de oro para el fútbol español.

En 2010 junto a don Ramón Jáuregui (Ex Ministro y Eurodiputado) presenté por primera vez en España la génesis de la futura regulación europea en materia de Responsabilidad Social Corporativa ( RSC ), corrían tiempos de evolución y cambio.

El uno de enero de 2023 entró en vigor la nueva Ley 39/2022, del Deporte. Sin embargo, menos de un año después y consecuencia del ‘tsunami Rubiales’ se está revisando toda la normativa en materia del Deporte tanto a nivel estatal como autonómico. Todo ello con un único fin: la renovación integral de los entes federativos y su transparencia y democratización efectivas.

Es evidente que la Ley vigente pretendía implantar una serie de principios rectores notablemente loables como son: la inclusión, la coordinación entre instituciones, el respeto por el medio ambiente, la transparencia de los entes federativos y el juego limpio. Estableciendo y reconociendo la actividad física y el deporte como un derecho fundamental de la ciudadanía, llegando incluso a recortar las competencias del Tribunal Administrativo del Deporte ( TAD ) en favor de la Jurisdicción Civil ordinaria. Sin embargo y pese a sus buenas intenciones el caso Rubiales ha acreditado, por sí solo, que las reformas son insuficientes para garantizar un deporte limpio, justo e igualitario. El problema no es de la Ley si no de quienes la aplican, y el caso citado ha demostrado que no se puede dejar en manos del despotismo la aplicación y vigilancia de los valores supremos del deporte.

Consecuencia de lo anterior y a contrarreloj, tanto los organismos competentes estatales como autonómicos están apurando sus modificaciones puntuales de sus respectivas leyes del Deporte, tratando de garantizar ante el inminente proceso electoral de 2024 un procedimiento que garantice, en fondo y en forma, la necesaria regeneración y reconstrucción de los entes federativos y, en especial y con carácter urgente, de los estamentos del fútbol.

Con la lección bien aprendida por el escarnio que ha sufrido la Marca España por todo el planeta tras el Mundial de Fútbol Femenino, los esfuerzos institucionales ya no se encaminan a la proclamación de altos valores universales si no que se centran en los procesos electorales y de forma concreta y preventiva en garantizar un entorno de seguridad para todos los posibles candidatos frente al ‘establishment’, con el fin de evitar que se reproduzcan situaciones pretéritas de abuso de poder, barreras administrativas artificiosas, tráfico de influencias, ‘fake news’, exclusión de nuevos actores o agentes por entes monopolistas y otros métodos de presión ilegales contra los postulantes y/o los sufragistas.

En este sentido y a expensas de la aprobación de los nuevos decretos electorales, la coordinación entre autoridades y fuerzas del orden tratan de velar por la preservación de un ecosistema garantista para la necesaria regeneración del Deporte, en especial del fútbol, hasta, durante y después de los números procesos electorales que todos deseamos traigan consigo el principio de la ultra necesaria regeneración de una actividad socialmente transcendente para cualquier nación o territorio por sus valores educacionales, culturales y de sentimiento de pertenencia.

Confío en que pronto el Deporte vuelva a ser la casa común de todos, y como establece la Ley actual de forma inclusiva, justa e igualitaria fomentando la cohesión territorial y la transición ecológica necesaria para dar cumplimiento al principio de ‘Justicia Intergeneracional’.