El ayuntamiento de Porreres tendrá que pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) más de 46.000 euros por los conciertos realizados en instalaciones y espacios municipales durante los últimos años.
Si bien en un principio la suma ascendía a 55.000 euros se ha firmado un convenio con la sociedad que protege los derechos de autor, para rebajar la cifra, que de esta forma se liquidará semestralmente hasta diciembre de 2017, que es cuando se efectúe el último pago.
Los miembros del consistorio manifestaron esta semana su sorpresa por dicha cuantía, ya que no saben de qué manera realiza la SGAE el control de asistentes a cada acto y cómo puede tener constancia de lo que se llega a cobrar. El consistorio explica que para realizar una velada de ball de bot en la plaza el Ayuntamiento, tiene que desembolsar 15 euros por cada grupo que participa.
Paso urbanístico
Muchos años han tenido que pasar para que el ayuntamiento de Porreres pudiera aprobar las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento y adaptación al Plan Territorial de Mallorca (PTM). Las normas, que ya fueron aprobadas inicialmente en marzo de 2013, han tenido que esperar hasta este mes de mayo, que ha sido cuando se han resuelto las diversas alegaciones presentadas y han podido pasar el corte.
El regidor de Urbanismo, Jaume Martorell, ha manifestado que ha sido una tarea larga y complicada y se han podido resolver favorablemente algunas de las quince alegaciones aunque algunas han tenido que ser desestimadas.
Entre ellas estaba la petición de desclasificación de la segunda fase del sector urbanizable industrial y de servicios del polígono de sa Creu (42.593 metros cuadrados), presentada por el GOB en 2007, por considerar que la oferta de la primera fase (82.857 metros cuadrados) era más que suficiente para las demandas del pueblo; destacando que el planteamiento de Pla Territorial era justamente limitar el desarrollo de nuevo suelo industrial en los municipios de menos de 15.000 habitantes.
Por otro lado los ecologistas han manifestado su pesar por no haber sido admitida la otra alegación a las nuevas normas urbanísticas, en la que se denunciaba la "aplicación cuestionable de la Ley Company" en la que se pretendía una nueva reclasificación de más de 37.306 metros cuadrados de suelo rústico como suelo urbano industrial. Algunas de esas parcelas rústicas están siendo ocupadas en la actualidad para actividades industriales, pero el GOB entiende que no se las puede considerar integradas dentro de la trama urbana del núcleo de Porreres.
