El Govern incumple el porcentaje de contratación de personas de exclusión social en Baleares

 El Govern está incumpliendo la normativa, aprobada hace apenas dos años, sobre el porcentaje de contrataciones públicas que se deben reservar para personas que sufren una incapacidad o padecen una exclusión social. Las administraciones están obligadas a ofrecer un 10 por ciento de los contratos públicos a este colectivo con problemas de inserción.

Este dato negativo aparece en el informe anual elaborada por la red de economía alternativa y solidaria, REAS, que representa a varias empresas dedicada a la ayuda de estos colectivos más vulnerables.

Precisamente, la finalidad de estos contratos reservados es promover el acceso a la ocupación de estas personas y por ello la implicación de la administración pública está regulada, de tal manera que se acuerdan unos porcentaje mínimos de contratación.

Según este estudio, el año pasado el Govern adjudicó únicamente 19 contratos reservados para programas de protección. El Ejecutivo se gastó 1,19 millones para ayudar a estas personas a entrar en el círculo laboral y el porcentaje apenas representa un 0.12 por ciento del total de contratos adjudicados.

Según detalló Jordi López, secretario técnico de esta red de economía alternativa, la mayoría de consellerias del Govern sí está cumpliendo con este porcentaje mínimo de contratación. El problema está en las empresas públicas, que seguramente por falta de conocimiento, no impulsan este tipo de contrataciones.

Las empresas que se dedican a esta función social también mantienen una estrecha relación con los consells insulares y con los ayuntamientos. En conjunto, todas estas instituciones insulares y locales se gastaron casi dos millones de euros para estos proyectos de contratación.

Los datos del año pasado muestra que, en conjunto, las instituciones públicas invirtieron el año pasado 3,18 millones en contratos reservados. Sin embargo, esta cifra es inferior en un 15% al del ejercicio anterior, en el que la inversión para ayudar a estos colectivos castigados socialmente fue de 3,78 millones.

Maria Jaume y Víctor Reyes, responsables de esta red social, explicaron el problema que supone que muchas de estas adjudicaciones públicas se aceptan en función del precio, sin tener en cuenta la calidad del proyecto que presentan estas instituciones. Afirman que muchas de estas contratas pierden dinero, por lo que estas asociaciones sociales no pueden optar a estas ofertas públicas porque no pueden tener pérdidas.

La mayoría de estos contratos reservados se refieren a proyectos de limpieza, jardinería, trabajo de administrativos o servicios forestales, entre otros. La Conselleria que más invirtió para ayudar a estas personas fue la de Asuntos Sociales, que gastó 406.182 euros.

En el informe anual, entre otras cosas, se propone mejorar la formación de las personas que intervienen en los procesos de contratación. También se propone que se mejoren los criterios de adjudicación, valorando sobre todo la relación calidad-precio del proyecto que se presenta, lo que evitará bajas temerarias con adjudicaciones por importes inferiores al presupuesto base de la licitación.

Jesús Mullor, presidente de Projecte Home, que acudió a la presentación de estos datos, recordó que cuando se ayuda a estas personas con problemas sociales a entrar en el mercado laboral, la administración pública lo que está haciendo es una inversión. Explicó que si una de estas personas encuentra un trabajo, ya no necesita ayudas públicas para mantenerse, por lo que a través de estas contrataciones la administración lo que consigue, al final, es ahorrarse dinero.