Prohens: "Quien puede contestar por qué el dinero de Baleares ha acabado en Ferraris o prostitutas no soy yo, es Armengol"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pasa a la ofensiva contra la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y su relación con las mascarillas fraudulentas de la trama Koldo. Así, criticada por parte de los socialistas por "no dar explicaciones" en relación al expediente de reclamación de los cubrebocas que actualmente está en manos de su Ejecutivo, la líder popular ha asegurado que "quien puede contestar por qué el dinero de los ciudadanos de Baleares ha acabado en pisos, Ferraris y prostitutas es Armengol".

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Asimismo, Prohens ha defendido que acudirá a la comisión de investigación que se celebra en el Congreso si es citada al igual que harán todos los miembros del Ejecutivo en la comisión que se llevará a cabo en el Parlament. "Daremos todas las explicaciones necesarias y mi Govern comparecerá para arrojar luz sobre esta cuestión, pero quien puede explicar por qué certificaron estas mascarillas, por qué escondieron el informe a la Unión Europea y por qué tardaron tres años en reclamar son ustedes", ha detallado Prohens, en respuesta al portavoz socialista Iago Negueruela.

"¿Por qué no enseñan el expediente?"

Por su parte, Negueruela se ha vuelto a mostrar muy crítico respecto al Govern y ha vuelto a hacer hincapié en el expediente de reclamación del sobrecoste de las mascarillas fraudulentas. "Prohens prefiere ir a Madrid a explicar la situación que hacerlo aquí, siempre se esconde detrás de Armengol. ¿Por qué no enseñan el expediente? Todavía no nos lo han entregado, lo han dejado caducar. Usted me habla de ferraris pero el tal Alberto que se paseaba con narcotraficantes forma parte de su partido, no del mío", ha destacado el portavoz socialista.

Respecto la reclamación del sobrecoste por la vía penal, cabe recodar que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechazó el pasado viernes por segunda vez en apenas dos semanas que el Ejecutivo pueda personarse en la causa al entender que el principal perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear.