A una vecina de Son Serra le dieron hace un mes un susto de esos que se cuentan en euros y se sudan cada noche antes de dormir. La señora, que es propietaria de un edifico con tres pisos, recibió la visita de uno los inspectores de Turismo del Govern. El técnico acudía a comprobar sobre el terreno que sus apartamentos estaban en alquiler a través de una de esas webs que han generalizado el arrendamiento de pisos a turistas, algo hoy prohibido por la legislación balear. El susto y el sudor de euros vino luego, cuando a la dueña le comunicaron que tendrá que hacer frente a una multa de 4.000 euros por piso alquilado ilegalmente. Es decir, hasta 12.000 euros por los tres pisos. Tres de los 50.000 50.000que se calcula que se están alquilando ilegalmente en las islas. Así que la pregunta, que se le trasladó al inspector, cayó por su peso: ¿Por qué el Govern multa este caso y no los otros 50.000 que alquilan sus viviendas? La respuesta del inspector fue clara: "Los inspectores, si no hay denuncia previa del alquiler, no actuamos". Con lo que esta propietaria de Son Serra pagará la multa de la que se libran miles por hacer lo que seguirán haciendo en el tiempo que pase hasta que el Govern balear cumpla con su promesa electoral de regular el alquiler turístico en edificios residenciales.
La legislación actual, legada por el anterior Govern (el del PP de Bauzá), permite solo alquilar a turistas casas aisladas o chalets pareados que cumplan algunas condiciones. Que tampoco es tan fácil: entra los requisitos para estas casas figuran dos trabas burocráticas incorporadas por el PP en 2015 como regalo de fin de legislatura, en forma de obligación de hacer una declaración jurada de que la vivienda tiene cédula de habitabilidad (en el rural algunos vecinos no tienen) y de exigencia de un plano de la casa visado por un arquitecto (gastos a cargo del propietario). Con los adosados de más de dos casas hay aún más disputa, casi una negociación caso a caso antes de que se autorice el uso turístico. En cambio con los pisos en edificios residenciales, la ley es tajante: no se pueden alquilar a turistas y por ello no se pueden comercializar a través de webs turísticas como AirBNB y otras muchas similares. La única opción en esos casos es alquilar recurriendo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), haciendo un contrato cada vez, con su respectiva fianza y firma, y tributando los ingresos obtenidos a través de la declaración de la Renta anual. Todo con una añadido irrenunciable: no se pueden comercializar esos pisos como "turísticos", "vacacionales" o similares.
Un negocio hoy en negro
¿Qué ocurre? Pues que, en la práctica, la mayoría de los alquileres se hacen en negro, sin contrato regido por LAU ni pago de impuestos, con lo que sus propietarios se exponen a sanciones como la que ahora pende sobre la vecina de Son Serra. Y son muchos los expuestos, en unas islas que tienen 125.000 plazas turísticas dentro del alquiler considerado ilegal, según calcula la patronal que agrupa a los propietarios de viviendas en alquiler turístico (APTUR).
Las restricciones para alquilar pisos a turistas no son nuevas. De hecho, son hoy exactamente las mismas que hace casi un año, cuando se celebraron las elecciones en las que partidos como el que hoy regenta la Conselleria de Turismo, Més, prometieron que se regularía el alquiler turístico en edificios residenciales. La promesa partía además de una premisa: regularían el alquiler a turistas para que pueda hacerse, no para impedirlo como ahora. Y en ello están. La semana pasada empezaron las negociaciones a varias bandas con sectores económicos, representantes vecinales, consells, ayuntamientos y agentes sociales para definir cómo se regulará ese alquiler turístico que es en parte responsable del crecimiento de los máximos de presión turística que se vivirán este verano.
El problema es que mientras las reuniones se producen siguen creciendo los alquileres hoy ilegales. Para solucionarlo, la patronal del sector propuso una moratoria, algo así como que se haga la vista gorda hasta que la reforma prometida entre en vigor. Pero el Govern se negó y hace solo una semana el vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), preguntado sobre qué ocurrirá este verano con los alquileres turísticos en edificios residenciales, respondía oficialmente de forma contundente: "El mensaje que enviamos es que si no puedes alquilar su piso turísticamente porque la ley te lo impide, pues no lo alquiles turísticamente, hazlo por las vías permitidas, es decir la LAU". Que un gobernante dijese lo contrario, es decir, que sugiriese que se incumpla la ley, sería poco menos que prevaricar. Por eso no lo dicen. Y por eso extraoficialmente lo que llega de la Conselleria es que hasta que no haya regulación aprobada que deje claro cómo se pueden alquilar los pisos a turistas, no se va a poner el foco de la inspección sobre ellos.
Inspeccionar o prevaricar
Otra cosa es si hay denuncia, como en el caso de Son Serra que se relataba al principio. Ahí, explican fuentes no oficiales del Govern, toca actuar o directamente se está prevaricando. Así que solo si hay denuncia se actúa. Y por el camino se anuncia públicamente un "plan de inspección" que coordinará los esfuerzos de la agencia tributaria balear (ATIB) y la Hacienda estatal (AEAT) para atacar la economía sumergida. Aunque si de verdad se tratara de eso, sería tan simple como revisar piso por piso cada uno de los 50.000 que se ofertan en portales web de alquiler turístico. ¿Se está haciendo? "Solo vamos a los casos en los que hay denuncia de terceros", le dijo el inspector a la vecina de Son Serra cazada alquilando, y eso mismo explica un inspector contactado por este diario, que corrobora que la actividad que hacen se centra en las denuncias.
Menos de 15 sanciones al mes
Distinta es la versión oficial de la Conselleria de Turismo, que a través de la directora general Pilar Carbonell explica que "es cierto que se están cubriendo todas las denuncias que llegan, como se ha hecho siempre, pero se hace más". ¿Qué más? "Además de los expedientes en los que trabajan los inspectores, tenemos auxiliares que peinan los portales de alquiler en busca de información", abunda Carbonell, que da datos para respaldar ese aumento de la presión sobre el alquiler vacacional del que ahora presume el Govern que prometió regularizar el arrendamiento en edificios residenciales. "Las cifras de sanciones cantan: en todo 2015 se tramitaron 30 expedientes por alquiler ilegal y este año van 53 hasta abril, y no todo son denuncias. Aunque está claro que nos lleva tiempo y desde que se inspecciona hasta que se sanciona pasan a veces diez meses", explica Carbonell.
Sostiene así la directora general que no hay barra libre al alquiler, por mucho que la inmensa mayoría se vaya a librar del susto: a menos de quince multas al mes, a final de año habrán pillado 180 de los 50.000 pisos que componen la oferta ilegal. Y aún a muchos de los que cacen les saldrá rentable: como publicó este diario, los pisos de alquiler en Mallorca entre junio y septiembre se están alquilando de media a más de 250 euros por día. Y eso son más de 1.700 euros a la semana, frente a los 4.000 de multa que proponen en casos como el citado.
