El nuevo impuesto turístico balear preocupa tan poco a los touroperadores que ayer hasta en el Govern hablaban de otras cosas. La primera, la prevista: el verano que viene va a ser otro exitazo, con el mercado inglés creciendo un 5% al calor de una libra cada vez más fuerte, para alegría del turismo mallorquín y su competitividad ganada a golpe de euros devaluados. Y así lo resumía el propio vicepresidente turístico, Biel Barceló, que recordó en persona a los hoteleros que con la subida de precios que tienen los hoteles prevista para el año que viene y la libra cotizando al alza, el tributo será "calderilla" para los viajeros británicos. "Será menos del 1% de lo que se van a gastar en sus vacaciones", recalcaba Barceló, consciente de que poco suponen dos euros para los turistas de un país en el que cada viaje en metro sale por tres veces la ecotasa balear. Lo único que preocupa ahora a los touroperadores británicos es que les digan cuándo se va a empezar a aplicar el tributo, para avisar a sus clientes. Barceló les dijo lo que saben, que es un tanto vago: que el impuesto no se podrá aprobar antes de febrero en el Parlament, pero que es previsible que esté listo en mayo, para aplicarse inmediatamente después.

Zanjado el asunto por un rato, los temas empezaron a ser otros. Como el alquiler turístico, por ejemplo. El Govern del Pacto había prometido regularlo, pero en sentido contrario al elegido por el Govern Bauzá: en vez de para prohibirlo, para permitirlo en algunos supuestos. Y en eso están, dice Barceló, que señala que ahora mismo los servicios jurídicos están repasando todas las opciones, pero la idea es que se pueda arrendar a turistas en edificios plurifamiliares. Y solo cuando se cumplan algunos requisitos, como un servicio de calidad, atención en la llegada y la salida, limpieza del apartamento y otros básicos ligados a la calidad. Con matices, añadía Barceló: la idea es dejar en manos de Consell y los ayuntamientos, competentes en materia de urbanismo, la elección de las zonas o los cupos de plazas (la opción no está cerrada) que podrán alquilarse a turistas. Es decir, la regulación va para largo. Barceló cree que no estará hasta 2017.

Y mientras tanto el Govern quiere plantarle cara a la economía sumergida, para evitar un deterioro de la imagen turística y un daño a quienes sí pagan sus impuestos en el sector, que ahora encima se van a ver obligados a recaudar un nuevo impuesto a los viajeros. Para hacerlo el Govern ha puesto primero a trabajar a sus inspectores de Turismo con los responsables de Hacienda del propio Ejecutivo balear, y va a coordinarse con la Agencia Tributaria balear. Objetivo: cruzar datos para cazar a quienes alquilen irregularmente. "Suena a que es muy lógico hacer esto, pero hasta ahora no se había hecho", explica Barceló, que recalca que el alquiler que Bauzá ilegalizó en edificios plurifamiliares afecta sobre todo a las ciudades. Fuera de ellas, la mayoría es alquiler conforme a la ley.

"La parte difícil es decidir si lo permitimos en todos los casos, como pide APTUR (la asociación de alquiler turístico) o lo restringimos a algunos supuestos como piden los Consells de Eivissa y Formentera. Posible solución: en Barcelona plantean cupos por barrios, y en otros modelos se reservan solo algunas zonas", valora Barceló, que espera el dictamen jurídico y conversaciones con ayuntamientos y consells para decidir quien puede alquilar. Mientras tanto, inspección contra el infractor. Y negocio, mucho negocio: el mercado británico va como un tiro. También con una ecotasa que ya aburre hasta a los tabloides.