Los propietarios de edificaciones ilegales en suelo rústico de Mallorca pueden solicitar a su respectivo Ayuntamiento que se las legalice, siempre que la infracción urbanística haya prescrito. El pleno del Consell de Mallorca aprobó ayer con los únicos votos del PP aplicar la amnistía urbanística que prevé la ley del Suelo del Govern aprobada recientemente.
A partir de su entrada en vigor, una vez se publique el acuerdo en el Boletín Oficial, la medida implicará la incorporación a la ordenación urbanística, en un plazo máximo de tres años, de miles de construcciones levantadas ilegalmente en el campo mallorquín. Este punto suscitó ayer un intenso debate político entre gobierno y oposición, que denunció que se trata de una iniciativa “de locos” -Joan Font (Més)- con la que “se premia a los infractores y se castiga a los que lo han hecho bien” -Mercedes Garrido (PSOE)-.
El conseller de Urbanismo y Territorio, Mauricio Rovira (PP), tachó de “leyenda urbana que aquí vayamos a legalizar 20.000 viviendas ilegales, como han dicho algunos, cuando nadie sabe si son mil, o diez mil, o cuántas”. Rovira recalcó que “clarísimamente es obligatorio que la infracción esté prescrita”, lo que según él “reducirá el número de personas que se beneficiarán de esta medida”.
El conseller hizo hincapié en que serán los Ayuntamientos y no el Consell los que tendrán que asumir la tramitación pertinente para la legalización -“y así podrán recaudar”, celebró-, y afirmó que tras reunirse con todos los alcaldes de la isla “su sentir mayoritario” ha sido favorable a la aplicación de la amnistía. “Lo pongamos o no en marcha, estas edificaciones nunca podrán ser sancionadas o demolidas”, recordó. Por ello, “¿las dejamos cómo están, o permitimos que se incorporen a la ordenación?” se preguntó en voz alta.
“Esta ley crea injusticia”, sentenció Joan Font, quien lamentó el “agravio comparativo” porque “hay gente a la que se le ha deribado la casa, en cumplimiento de la legalidad, y otra a la que en la misma situación, no”. El portavoz de Més señaló que la ley “del Govern del PP está mal hecha y es arbitraria”, y calificó de “anticonstitucional” que “una ley aprobada por el Parlamento de las Illes Balears no sea de igual aplicación para todos los ciudadanos de las islas”; y es que Menorca y Eivissa sí han acordado aplicar la amnistía, pero Formentera no, recordó Font.
“El mensaje es muy perverso”, denunció Mercedes Garrido, que también alertó sobre “el efecto llamada” que producirá ahora la amnistía. “Estamos diciendo a la gente ‘haced lo que queráis, que total no pasa nada’, ‘votad al PP, que es quien hace favores’”, denunció la portavoz socialista.
“El infractor planifica”
“Tenemos un grave problema dentro del suelo rústico, y lo afrontamos castigando a todo el mundo que lo ha hecho bien”, añadió Garrido, para quien “convertimos al infractor en planificador urbanístico. El planificador fija la parcela mínima en dos quarterades, pero el infractor dice ‘no, media hectárea me basta para construir mi casa, y además me hago una piscina, lo que me dé la gana’”, lamentó la consellera del PSOE.
Por su parte, Mauricio Rovira acusó a la oposición de no dar ninguna alternativa: “Sea más o menos acertada la medida, como no hay otra solución planteada, alguna hay que tomar”, sostuvo. De hecho, tras evitar pronunciar la palabra, al final el propio conseller asumió que se trata de una amnistía urbanística en toda regla. En su última intervención, Rovira espetó a la izquierda: “Si llega otra amnistía, a lo mejor la aplicarán ustedes, no lo sé”.
En el mismo pleno hubo otro amplio debate, a raíz de una moción del PSOE que intentó sin éxito que el Consell condenara “a los militares golpistas de 1936 y a la dictadura franquista”. Para apoyarla, el conseller de Presidencia, Jaume Juan (PP), exigió que se cambiara esta frase por “los hechos violentos que sucedieron durante la guerra civil”. Juan también pidió cambios en la redacción de otros puntos: así, en lugar de manifestar todo el apoyo del Consell “a los familiares de las víctimas de la represión franquista”, los ‘populares’ propusieron sustituir “represión franquista” por “guerra civil”.
“Evitemos el lenguaje que busca la confrontación”, reclamó Juan, para que “no se puedan herir sensibilidades de una parte o de otra”. La socialista Silvia Cano, que defendió la moción, se negó a transaccionar el texto, y reprochó al PP que “se esté riendo de las personas que lucharon por la democracia”. Cano agradeció a la jueza argentina Maria Servini “que hijas de cargos políticos asesinados hayan podido declarar ante un juez por vez primera”, y señaló al PP que “no se trata de reabrir nada, es que está todo abierto, es que no se ha cerrado”. “Llevan 75 años abriendo heridas, olvídense un poco de la legitimidad del 31 [año de proclamación de la II República], y céntrense en la que empieza con la Constitución del 78 y la Transición”, zanjó Juan.
