Jaume Matas siempre ha ido por la vida con la impunidad como compañera de viaje. Su filosofía es que hagas lo que hagas como gobernante de instituciones públicas siempre saldrás indemne, si te has limitado a dar órdenes y has dejado que tus subordinados hagan el trabajo sucio. Si las cosas salen bien, el mérito es para el dirigente, si se tuercen, la responsabilidad recae en el segundo escalón, preconiza el exministro.
El Tribunal Supremo vino, el pasado julio, a darle la razón al rebajar su condena de más de seis años de cárcel a nueve meses y un día de prisión, una pena que, lógicamente, Matas no quiere cumplir.
Sin embargo, las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma han venido a poner los puntos sobre las íes.
¿Qué es eso de pedir la suspensión de la condena si no hay una aceptación de que se ha obrado mal y un arrepentimiento público por el delito cometido?, postulan las jueces.
Matas, más bien al contrario, se ha venido jactando de que no desvió fondos públicos a su bolsillo particular. Se ha pavoneado como si hubiese sido absuelto totalmente por el Supremo y como si no pesaran sobre él las sospechas de otros gravísimos delitos de corrupción.
Para la sección primera de la Audiencia el tráfico de influencias cometido por Matas cuando era president del Govern no es un delito baladí. Al contrario, supone una afrenta a la ciudadanía.
Matas podría dejar de ser impune.
