La educación pública balear se expone a sufrir un grave deterioro durante el año 2012. Los presupuestos de la comunidad española con mayor tasa de fracaso escolar revelan que el sueldo de los profesores de centros públicos no está garantizado. Según las cuentas hechas públicas por la Vicepresidencia Económica del Govern Bauzá, faltan 75 millones de euros para alcanzar la cantidad precisa para cubrir las nóminas de los profesores. La cifra es clara: en 2010, pagar a los profesores de la enseñanza pública acabó suponiendo un desembolso de 502 millones, pero las cuentas del Govern solo prevén 427 millones para las nóminas de 2012. Y eso son 75 millones menos.

Aunque el agujero real es menor. Con la bajada de salarios de los funcionarios decretada por Zapatero en 2010, los sueldos de 2012 costarán 17 millones menos de lo que finalmente se pagó en 2010. Es decir, los 75 millones que faltan para pagar los salarios del profesorado se reducirían a 58, cifra aún muy gruesa que deja al Govern ante dos únicas salidas: recortes o deuda. La primera opción obliga a Educación a reducir la dotación de otras partidas educativas a casi cero o a recortar el dinero que se destina a la propia plantilla docente de los colegios hasta eliminar gasto por valor de esos 58 millones (casi 10.000 millones de las extintas pesetas). La segunda salida pasaría por ampliar durante 2012 el presupuesto en la cantidad que falte para evitar el impago de nóminas o los despidos de interinos.

Las fuentes consultadas aseguran que ambas opciones pueden coexistir: ajustar plantilla y recortar partidas, al tiempo que se genera déficit en la mínima cantidad posible. El propio conseller apuntaba ayer que reducirá el gasto de personal en 23 millones. ¿Cómo? Recordaba Rafael Bosch que ya está en marcha un plan que contempla aumentar la carga lectiva de los profesores de 18 a 20 horas semanales con el objetivo de aligerar la plantilla de interinos en 400 efectivos a partir del próximo curso (8,8 millones de ahorro). A ese proyecto se une la intención de reincorporar a la docencia a cien personas que realizaban otro tipo de actividades (4 millones de ahorro). Y además prevén dejar de pagar a los interinos en verano y reconocen otros ajustes menores que no detallan ni cuantifican. En total 23 millones de ajustes, que no garantizan las nóminas. ¿Por qué? Porque pese a los recortes y despidos anunciados siguen faltando 35 millones para cubrir las nóminas.

Aunque los tijeretazos que se avecinan no afectarán a todos los centros por igual. Mientras Educación deja en el aire con un presupuesto insuficiente el sueldo de los profesores de la enseñanza pública, garantiza en cambio los salarios de los docentes de centros concertados como el que hasta junio dirigía el actual conseller. También lo certifican los presupuestos de 2012, que detallan que se destinarán a los sueldos de la concertada 143 millones públicos, cantidad con la que alcanzará de sobra para pagar al personal.

Con la concertada, las cuentas sí salen: durante todo el ejercicio 2010 las nóminas de estos centros privados le costaron a las arcas públicas 146,5 millones, partida a la que hay que aplicarle el 5% de reducción de Zapatero. Resultado: 139,2 millones de coste final, con lo que a la conselleria aún le sobrarían 3,3 millones después de pagar a los docentes de centros concertados. Mientras tanto, seguirían faltando al menos 35 millones para los profesores públicos.

¿Repercutirá todo ello en la calidad de la enseñanza? Los sindicatos está seguros de ello. Y no solo por el previsible recorte de plantilla docente. También por los problemas que están teniendo los colegios para pagar su mantenimiento: esta semana los centros recibían aún el dinero del Govern correspondiente a junio, imprescindible para encender la calefacción. Y aún les queda por cobrar el segundo semestre de 2011. Ya debería estar en sus manos, pero no lo está. El resultado es que carecen de dinero para pagarle a sus proveedores, que seguirán sin cobrar.

Igual de extrema es la situación del transporte escolar. El Govern prometió en julio que en septiembre haría un plan de pagos a las empresas que llevan a los niños al colegio. A punto de finalizar noviembre, no lo tienen. Y no parece que lo vayan a tener: no les pagan desde febrero, y lo último que les han prometido es una línea de créditos para que los empresarios (tras cubrir de su bolsillo comisiones e intereses del préstamo) reciban una cantidad equivalente a la que les debe la administración.