Se crea una nueva empresa o se resucita a una que había quedado inactiva, y sin desarrollar la menor actividad, se simula la contratación de desempleados para que éstos puedan tener luego derecho a cobrar del paro, a reclamar una baja por maternidad o, en el caso de los inmigrantes, a prolongar su permiso de residencia. A cambio, estos últimos se ven obligados a pagar entre 300 y 700 euros a su ´contratador´. Esta es, a grandes rasgos, la trama descubierta en Mallorca por los servicios de Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en colaboración con otros organismos públicos, y en la que están implicadas de momento en torno a medio millar de personas. Con la previsión de que esta cifra va a seguir creciendo a medida que avance la investigación.
Hasta ahora se ha confirmado la existencia en la isla de ocho de estas empresas ficticias, con 475 ´trabajadores´ implicados en este fraude a la Seguridad Social. Pero hay otras 18 que todavía siguen bajo la lupa de los investigadores, según apuntan el jefe de la Inspección laboral en Balears, Pere Aguiló, y el director general de la Tesorería, Antonio Comas.
Los hechos detectados son considerablemente graves, ya que pueden constituir delitos de estafa, de falsificación de documento público y contra los derechos de los trabajadores. Por eso se han remitido los expedientes de estas ocho empresas a la Policía Nacional y a la Fiscalía, lo que deja la puerta abierta a que se produzcan detenciones durante los próximos días, según se afirma desde estos organismos.
Los ´cerebros´ de la operación se encuentran tras estas ocho empresas –a las que podrían ir sumándose otras más hasta acercarse al medio centenar, según la previsiones de la Inspección–, dedicadas en teoría a la construcción y a servicios de limpieza de obras.
El motivo de fijar estas dos actividades es bien simple: a los varones se les hacía constar como contratados para la edificación de inmuebles, y a las mujeres como empleadas de un servicio de limpieza que se ocupaba de dejar en condiciones los edificios que se estaban levantando. Al menos en teoría, porque cuando los inspectores acudían a comprobar el estado de esa construcción, se encontraban con que no existía o con una dirección falsa.
La rentabilidad de este negocio resulta evidente. Según la investigación realizada, las personas falsamente contratadas abonaban a estos empresarios fantasma entre 300 y 700 euros, ya sea a través de un único pago inicial o mediante el abono de una parte de la prestación por desempleo a la que se quería acceder.
Según Aguiló y Comas, la carga delictiva puede recaer sobre los titulares de estas empresas, dado que son los que han creado esta trama con ánimo de defraudar, aunque aclarar las responsabilidades penales queda ahora en manos de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.
Responsabilidades
Con todo, se advierte de que el casi medio millar de individuos falsamente contratados no deben de ser tenidos por víctimas, porque las cantidades que pagaban tenían com0 objetivo beneficiarse de unas ayudas a las que no tenían derecho, ya sea la prolongación del permiso de residencia, el cobro de una prestación por desempleo o la obtención del derecho a una asistencia sanitaria.
En la mayoría de los casos, estos 475 implicados y beneficiarios de las falsas contrataciones son de nacionalidad extranjera, con un claro predominio de los magrebíes. Este hecho ha ayudado a descubrir a alguna de las empresas implicadas, ante lo poco usual que resulta una contratación masiva de inmigrantes para trabajar en un sector que se encuentra con una bajísima actividad, como es la construcción.
Sobre estas personas también se van a aplicar medidas sancionadoras, aunque para ello los organismos públicos van a tener que realizar "un trabajo de chinos", según reconoce Antonio Comas.
Para empezar, se ha dado aviso a Extranjería y al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), entre otros, para que suspendan inmediatamente la prestación por desempleo que muchos de ellos estaban percibiendo sin tener en realidad derecho a ello, o para que se cancele la prórroga de su permiso de residencia. Pero ahora toca revisar todas las prestaciones que habían conseguido por este sistema, para exigir por vía legal que se retornen las cantidades cobradas de forma fraudulenta.
La trascendencia de este fraude (hay que tener en cuenta que en seis meses se ha confirmado la existencia de ocho empresas ficticias y se investigan de momento 18 más) se refleja en el número de organismos públicos que han participado en esta operación. Además de la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, se han implicado también el servicio de empleo estatal, la Delegación del Gobierno a través de su departamento de Extranjería, la Agencia Tributaria y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), a los que ahora se ha sumado el Fiscal Superior de Balears.
Pere Aguiló y Antonio Comas hacen una especial valoración de la ayuda obtenida por parte de la unidad contra las redes de inmigración y falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional, ya que la labor de los inspectores de trabajo se tenía que desarrollar en un entorno delictivo, de ahí la necesidad de protección.
A la espera del resultado final de la investigación, las cantidades que se podían estar defraudando a las arcas públicas pueden ser millonarias.
Mallorca en el núcleo
Balears no es la única comunidad autónoma en la que se han detectado este tipo de prácticas, pero sí aparecen entre las que se encuentran más afectadas, según se puso de manifiesto en una reunión celebrada la semana pasada con la participación de los responsables de la Inspección de Trabajo de todo el país.
Entre las zonas de España en las que este fraude adquiere más fuerza se encuentran, además de Mallorca, la provincia de Barcelona, Almería y Murcia. Todas ellas con unas elevadas tasas de inmigración. Por ello, se extiende la sospecha de que durante los próximos meses se puedan detectar más comportamientos similares en otras autonomías, como la de Madrid.
