Saturación turística

El abogado Toni Bennàssar tras la presencia de Guardia Civil en el Caló des Moro: “Debemos hacer una red jurídica de apoyo a la protesta”

 El experto considera que la Guardia Civil ha procedido a las identificaciones con “una clara intención disuasoria para futuras concentraciones”. La duda jurídica surge al poner encima de la mesa si el Caló des Moro se considera una zona de tránsito público

Guardia Civil y Policía Local identifican a los asistentes a la protesta del Caló des Moro y piden que retiren las pancartas

DM

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

 “Necesitamos un abogado en la sala”, reclamaba Mallorca Platja Tour en redes sociales después de que agentes de la Guardia Civil solicitara la retirada de las pancartas y reclamara el permiso para la concentración.

“¿También vienen cuando los bañistas son extranjeros? ¿Estamos incumpliendo alguna normativa?”, preguntaba Mallorca Platja Tour después de que unas 300 personas “tomaran” el Caló des Moro como señal de protesta contra la masificación.

El abogado Toni Bennàssar no ha dudado en compartir la normativa a través de X (antiguo Twitter). Diario de Mallorca se ha puesto en contacto con el experto que ha explicado la situación. “Las reuniones no están sometidas a ninguna autorización previa, eso es lo que marca la normativa”, aclara el experto que concreta que, por otro lado, “todo lo que sea en situaciones de tránsito público, la ley orgánica de reunión y manifestación establece que ante la posible afectación del interés general sí que se necesita una comunicación previa, que no es un autorización, a Delegación de Gobierno”.

“¿Qué ocurre?”, se pregunta Bennàssar. Y es que en el caso del Caló des Moro “nos encontramos con una situación peculiar”. “¿Se considera una playa un lugar de tránsito público?”, se cuestiona. Ese es el primer punto a esclarecer. En el caso de que sí se considerara una playa lugar de tránsito público, resume el experto, se debería haber hecho la comunicación con 10 días de antelación o en caso de extraordinaria necesidad con un periodo de 24 horas de antelación.

El quid de la cuestión, razona el abogado, está en que si la reunión era concertada, era espontánea, quiénes eran los organizadores… “Aplicando el mismo criterio, si se reúne un grupo de alemanes en el Caló des Moro y ha quedado por internet para hacer algún tipo de actividad teóricamente también tendrían que haber comunicado a Delegación de Gobierno que han hecho esta reunión”. “Es una cuestión jurídicamente extremadamente interesante”, admite Toni Bennàssar.

Identificaciones

El abogado explica que se supone que se han hecho identificaciones para intentar aplicar la normativa estatal en cuanto a reuniones ilegales que básicamente es la ley que popularmente se conoce como ley mordaza. “El tema está en que la normativa es extremadamente clara. Las reuniones en sitios de tránsito público que tengan una determinada finalidad, se deben comunicar a Delegación de Gobierno y las que tengan consideración de manifestación, también con una antelación de 10 días. Si no se cumple, entra la normativa sancionadora del Estado”, aclara. Pero la duda jurídica surge al poner encima de la mesa si el Caló des Moro se considera una zona de tránsito público. “Esta es la duda”, admite. “¿Una playa o una cala se considera zona de tránsito público? Es relativo porque es un punto para estar, no un lugar de paso”.

“Desde mi punto de vista la Guardia Civil creo que ha identificado a la gente con una clara intención disuasoria para futuras concentraciones”. Evidentemente, puntualiza, “deberemos esperar a conocer cómo actúa Delegación de Gobierno que será la institución que deberá instruir el tema y que está en manos del PSOE”.

Acto seguido hace una reivindicación: “Todo esto debería servir para impulsar (y es lo que pedimos todos los que estamos en el mundo de derechos humanos) la derogación de la ley mordaza que impulsó el PP y que restringe mucho las libertades públicas y que el PSOE nunca se ha atrevido a hacerlo.

Y tras esta reivindicación, se pone a disposición de los manifestantes. “Los sectores en defensa de los derechos humanos debemos echar una mano desde la advocacía progresista. Nos tenemos que poner a disposición de las posibles represalias que se puedan llevar a cabo contra los manifestantes. Debemos hacer una red jurídica de apoyo a la protesta”. “Primero se deberá discutir con Delegacion de Gobierno y luego con los juzgados si sigue adelante el proceso sancionador”, concreta. Por ello, asegura que “los abogados nos ponemos a disposición para plantar batalla en contra de cualquier tipo de represión jurídica a los manifestantes y dar una mano”.

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