Los futuros jubilados de Balears van a estar entre los más perjudicados por la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno central y los agentes sociales, según coincidieron ayer en señalar varios economistas y responsables empresariales y sindicales de las islas. ¿El motivo? La fuerte y creciente estacionalidad de la actividad económica del archipiélago, que lleva a muchas personas a no poder cotizar a lo largo de todo el año. Pero al margen de esta coincidencia, las valoraciones han sido dispares: moderada satisfacción desde las patronales, silencio de UGT y CCOO en el archipiélago, y la más absoluta indignación por parte de otras organizaciones sindicales, como USO o CSI-CSIF.
Primera advertencia: al aumentar el tiempo de cálculo de la pensión de los últimos 15 años de vida laboral a 25, la cantidad final a percibir se reduce. Eso pasa en toda España, pero en las islas adquiere una especial relevancia porque la retribución media de Balears es un 9% inferior a la estatal.
Y segunda advertencia: la estacionalidad de la economía isleña amplía el alcance de la reforma. Al elevar de 35 a 37 años el tiempo necesario de cotización para poder percibir el 100% de la pensión, cada vez se hace más difícil alcanzar ese plazo en un archipiélago en la que existe un elevado porcentaje de trabajadores que tienen una actividad laboral limitada a sólo unos meses al año.
En este último grupo el secretario general de USO en las islas, David Díaz, incluye a los fijos-discontinuos, pese al factor corrector que se aplica sobre ellos (su tiempo de cotización se puede multiplicar por 1,5 a la hora de calcular su pensión), ya que se trata de un colectivo que suele tener dificultades para alcanzar el número de años mínimo cotizados para percibir la pensión completa. Y ello a pesar de que en opinión de la consellera de Trabajo, Joana Barceló, la reformas no va a tener una mayor repercusión sobre ese colectivo.
El director del Centre de Recerca Econòmica (CRE), Antoni Riera, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat balear, Eugeni Aguiló, son los primeros en advertir del riesgo que supone esa alta estacionalidad, de ahí que el primero reivindique la necesidad de adoptar medidas para combatir este problema y dar una mayor estabilidad en el empleo, pese a que ambos desean leer la "letra pequeña" de la reforma antes de hacer valoraciones definitivas. En cualquier caso, los dos coinciden también en que el mayor impacto sobre las futuras pensiones vendrá provocado por el hecho de ampliar el número de años para calcular su importe de 15 a 25, con un recorte que se aplicará sobre unas retribuciones que ya son inferiores a la media estatal. Pero al margen de estas consideraciones, ambos admiten la necesidad de reformar el sistema actual.
Por su parte, los presidentes de las patronales CAEB y PIMEM, Josep Oliver y Rafael Rubio respectivamente, valoraron el que la reforma venga de la mano de un principio de acuerdo y de que se deje la puerta abierta a la posibilidad de jubilarse antes de los 67 años. Pero también ambos representantes empresariales advirtieron de la necesidad de revisar la situación en la que pueden quedar los trabajadores fijos-discontinuos, por la importancia de este colectivo en las islas.
Uno de los aspectos más significativos fue el silencio que ayer decidieron mantener los responsables de UGT y CCOO en las islas, organizaciones con las que el Gobierno central ha llegado al principio de acuerdo. Desde ambos sindicatos se aplazó cualquier valoración hasta conocer el contenido completo de la reforma, aunque el secretario de Acción Sindical del primero, Manuel Pelarda, no ocultó su preocupación por el hecho de que se haya ampliado el tiempo para calcular el importe de las pensiones, ya que ello puede suponer "tener que trabajar más para cobrar menos dinero".
Más airada fue la reacción del máximo responsable de USO en las islas, David Díaz, y del presidente del CSI-CSIF en Balears, Andreu Bou. Ambos calificaron de "vergonzoso" el acuerdo para la reforma de las pensiones, y advirtieron de la posibilidad de que puedan convocarse movilizaciones por parte de los sindicatos que no han respaldado la medida.
Además, Díaz y Bou coincidieron en acusar a UGT y CCOO de respaldar esa reforma a cambio de que el Gobierno central les aporte financiación en el futuro con la excusa de vincular a ambos sindicatos en la formación de parados.
