Pau Rigo, el mallorquín que mató a su atracador y se arruinó la vida

Un jubilado de 83 años, asaltado en su domicilio de Porreres por veinteañeros, evita con ayuda del Tribunal Superior el calvario de verse sometido a un nuevo juicio con jurado, tras el «error insalvable» de la Audiencia al malinterpretar el resultado de una votación de los nueve ciudadanos

Pau Rigo no acabó el bachiller superior, fue empleado de la Banca March y empresario de tragaperras por las tardes, se expresa con mayor comodidad en mallorquín.

Pau Rigo no acabó el bachiller superior, fue empleado de la Banca March y empresario de tragaperras por las tardes, se expresa con mayor comodidad en mallorquín. / B. Ramon

Matías Vallés

Matías Vallés

Pau Rigo Llaneras tiene 83 años y era empleado en una oficina de la Banca March, sostiene que no quiso ascender a la dirección por las esclavitudes no siempre transparentes del cargo. No acabó el bachillerato superior, camina con bastón. Se expresa con mayor comodidad en mallorquín.

Para siempre, Pau Rigo será el mallorquín que mató a su atracador y arruinó su propia vida. Lo reconoce él mismo.

Compaginaba el banco por las tardes con su condición de empresario de máquinas tragaperras, modesto en su propia valoración. Casado, dos hijos.

Uno de los altos funcionarios que han interrogado a Rigo, natural de Porreres, por haber matado de un cartuchazo en su domicilio a un atracador, no duda ni un momento. «Un hombre superrígido».

El atraco y el disparo mortal tuvieron lugar en una casa de campo, definida tal vez por las botellas de licores modestos sobre el aparador.

Desde que se produjo el segundo atraco, en el que mató a uno de sus asaltantes, Rigo no pudo volver a la casa que había acondicionado como su palacio de invierno. Una mudanza forzosa, había construido el refugio con sus ahorros.

En efecto, hubo un primer atraco, con participantes involucrados en ambos asaltos.

En el ataque inicial, la obsesión de Rigo fue que no se enterara su esposa, para mantener la convivencia en su refugio campestre. Los atacantes vestían pistola y trinxet.

En esta primera vez, ofreció a los atracadores a cara descubierta treinta mil euros que tenía en casa, a cambio de que lo dejaran en paz y con la obsesión por mantener a su mujer ausente al margen. Se lo prometieron.

Incumplieron su promesa, lo maniataron y lo encerraron en el despacho. Su esposa encontró la casa vacía, hubo que avisar a un cerrajero para liberarlo. A propósito, la escopeta fatídica ya estaba allí, Rigo no la utilizó. Tampoco denunció el asalto.

No esperó indefenso al segundo atraco. Instaló un sistema de protección que incluía un botón del pánico. Ignoraba que lo estaban espiando, con lo cual inutilizaban de antemano sus esfuerzos defensivos.

Sonó un disparo, fue mortal

En la segunda ocasión, los atracadores trabajaban encapuchados. Sonó un disparo. Fue mortal, por eso estamos aquí. Perdió la vida Mauricio Escobar Benítez, colombiano de 25 años. El homicida sustenta su defensa en tres palabras. Se vio obligado.

La esposa de Rigo, presente en el segundo atraco, sufrió un traumatismo superficial de tórax. Su marido, lesión en el pulgar de la mano de derecha, la de disparar, con limitación de movilidad. La víctima asegura que el causante fue el hermano del atracador durante el forcejeo.

Durante la instrucción ha llegado a reconocer que «firmo pasarme un año en la cárcel, si a la salida todo se ha normalizado y recupero mi vida anterior».

La intranquilidad se debe a que Rigo insiste en que ha recibido amenazas por si lo absuelven. Duerme mal.

Literal: «Estoy vigilado», «siento miedo», «perseguido a distancia con el coche».

Respecto al arma homicida, Rigo sostiene que siempre hubo una escopeta en casa, cargada «como es habitual en temporada de caza».

Rigo presume de no ser un cazador consumado, pero el vídeo de reconstrucción de los hechos desafía su argumento de impericia. Hay destreza y soltura en la forma en que sostiene la escopeta, en la grabación incorporada a las diligencias.

Insiste, no hay dominio del uso del arma, «sino, le hubiera disparado en un pie».

Tuvo que vender su empresa de tragaperras, distribuidas mayormente por bares de Porreres y alrededores.

El juicio con nueve jurados debía determinar la responsabilidad de Rigo. Se desarrolló con el dramatismo inherente a la muerte de un veinteañero, presidía la magistrada Gemma Robles.

Hoy existe el consenso de que las preguntas planteadas al jurado fueron un trabalenguas, que acabaría por atrapar en su laberinto a los operadores jurídicos implicados.

Viernes 23 de septiembre de 2023, portadas de la prensa digital. Titular: «Condenan al anciano que mató al ladrón que entró en su casa de Porreres». Subtítulo: «Tras casi un día de deliberación, se impuso por cinco votos frente a cuatro que cometió un homicidio». De inmediato, la fiscalía solicitaba tres años y ocho de meses de cárcel. La calma que precede a la tempestad.

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, artículo 60: «Serán necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad». Un error flagrante, incomprensible y que todavía se está pagando.

El mejor juez de Mallorca fue el primero en descubrir el fallo en todos los sentidos, en la misma tarde de aquel viernes. Lee la noticia en la prensa, advierte el error mayúsculo y exclama, «¡se han equivocado los periodistas!» La fuerza de la costumbre.

No, señor, se equivocó la magistrada presidenta, se equivocó el fiscal, se equivocaron nosécuantos abogados. Los periodistas solo fueron notarios del error. La máxima responsable advirtió el disparate al acometer la redacción de la sentencia.

Eduard Ramon, profesor titular de Derecho Penal de la Universitat, fue el primero en denunciar públicamente el desastre, ese mismo fin de semana. Recordó en un curioso montaje de su cuenta de Instagram el artículo de la ley del jurado que requiere mayorías cualificadas de siete a dos para la condena.

El profesor Eduard Ramon recibió una llamada inesperada de parte del propio Rigo. Orientó al acusado hacia Jaime Campaner, con quien comparte bufete. La suerte del protagonista de esta historia iba a experimentar un vuelco, puede convertirse en el primer mallorquín rescatado por Instagram.

Enter Campaner, exit Fernando Mateas.

El fiscal jefe de Balears llegó a pedir disculpas por el error. Según Julio Cano, «nadie se dio cuenta». Le honra, quizás los demás artífices del desastre se hallan demasiado avergonzados para excusarse. El ministerio público pedía la repetición del juicio, demasiada tortura para un hombre de 83 años sin ninguna responsabilidad en la confusión judicial.

Con la vida destrozada, palabras textuales de Rigo, ha contado con el apoyo de magníficos familiares.

El pueblo salió en defensa de Rigo

El pueblo salió en defensa de Rigo por Facebook, Arturo Pérez-Reverte reaccionó a favor de la defensa propia por X, pero ni el destino humano más desgraciado puede presumir hoy de unanimidad a su favor. Vecinos de Porreres insisten en que no le defenderán.

Se necesitaron doce días para que la magistrada redactara un auto supuestamente aclaratorio de seis folios escasos. Reconoce que «la norma infringida es el artículo 60», el ya famoso siete en vez de cinco.

Cuesta esfuerzo localizar la línea en que la redactora del auto confiesa que la votación errónea «fue dada por buena por la magistrada que firma esta resolución». Es verdad que aparece la expresión «error insalvable», tal vez ayuna de mayor precisión sobre la autoría.

La culpabilidad del «error insalvable» o «lesión insuperable» se distribuye con agilidad entre todos los operadores jurídicos, porque «tampoco fue detectado» por las partes que dieron «por buena la votación». Con todos los respetos, donde hay patrón no manda marinero. La presidencia no se comparte.

El auto decretaba en consecuencia (después refutada) la nulidad del juicio, y obligaba a su «repetición íntegra». Con otro jurado, con otra magistrada, curiosa forma de escabullirse. Es decir, Rigo pagaría en solitario una situación descacharrante de no mediar una tragedia, y de la que no le alcanzaba ni la mínima responsabilidad.

La magistrada se despedía en su categórico auto inhibitorio con un terminante «contra esta resolución no cabe recurso», un encadenamiento de errores. Había entregado una pieza clave, en la partida de ajedrez en que se había convertido el asunto.

En un arriesgado gambito, Campaner solicita que el veredicto sea válido porque lo considera favorable a su defendido.

Sobre todo, el abogado nuevo de Rigo contesta la nulidad y a la magistrada con un diluvio jurídico y una dureza digna de un debate de investidura. O dado que se habla de un abogado vinculado simultáneamente al Barça y al Madrid, ríanse de una entrada del hoy lesionado Gavi.

La magistrada también tiene que apearse de la invulnerabilidad de su decisión, cuántas rectificaciones caben en un solo caso.

El último capítulo es demasiado reciente para extenderlo, no habrá nuevo juicio.

El Tribunal Superior de Justicia pone orden y obliga a la magistrada a finalizar su trabajo redactando una sentencia, que podrá ser recurrida al TSJ y seguro que lo será. Rigo mantiene la incertidumbre, pero encauzada por el camino inicial.

Ahora sabemos que la repetición del juicio también era errónea, pero sobre todo era inhumana.

Arrepentimiento

Rigo ha mostrado su arrepentimiento por el homicidio, la angustia y la ansiedad entraron en su vocabulario cotidiano.

Todo avatar humano mantiene un vértice de irrealidad, pero el juicio de la Audiencia a Rigo ha provocado un desbarajuste. Se ha conseguido que sea imposible para siempre saber lo que ocurrió.

En una atinada tribuna en este diario, Antoni Vicens recordaba en su calidad de abogado del hermano del ladrón fallecido que «no parece de recibo despachar este asunto con la expresión naif que se ha hecho viral. Me refiero a la amnesia súbita y colectiva de ocho juristas».

Los acusadores le insisten a Rigo en que debió barajar otras opciones antes de disparar, pero no le especifican cómo reaccionarían ellos ante un atracador a domicilio. Si tuvieran 78 años, y les atacaran dos personas medio siglo más jóvenes.

Y un consejo final para los profesionales obligados a adoptar decisiones comprometidas, el viaje contratado no es una excusa para perder de vista la tarea encomendada.