"Hemos constatado que nuestra visión de los hechos y la que tiene la Guardia Civil es diferente". Han sido las primeras palabras del alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, este mediodía al abandonar la sede de la Delegación del Gobierno en Balears, tras una reunión con la delegada, Aina Calvo, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández. El encuentro, inicialmente convocado para limar las asperezas surgidas entre las instituciones a raíz de la agresión de un policía local de Cala Rajada y las duras acusaciones posteriores del alcalde por las supuestas dilaciones en los arrestos, ha evidenciado las diferentes posturas. Rafel Fernández ha anunciado que solicitará mañana mismo al ministerio del Interior la apertura de una investigación interna sobre la actuación de la Guardia Civil en este caso.
"La Comandancia de la Guardia Civil considera que estos hechos están dentro de la normalidad, y nosotros tenemos una opinión diferente", ha dicho Fernández, en referencia a que los agresores del policía no fueran detenidos hasta tres días después, cuando se presentaron en las dependencias policiales acompañados de su abogado. El alcalde se mostró "traicionado" por la Guardia Civil y reveló que el jefe del puesto de la Guardia Civil de Artà se había comprometido con la Policía Local a que los arrestos se llevarían a cabo el mismo día de la agresión. Añadió que consideraba que la actuación de la Guardia Civil "no fue la correcta" y solicitó que se diriman las posibles responsabilidades en una investigación interna.
Por su parte, la delegada del Gobierno rechazó que la Guardia Civil postergase intencionadamente estas detenciones. "Durante esos días se hizo mucho trabajo, de forma continuada y silenciosa, porque había que identificar y localizar a los presuntos agresores", ha dicho Aina Calvo. "Hubo que tomar numerosas manifestaciones y plasmarlas en un atestado que se entregó al juzgado, y que ha permitido que el juez imponga medidas cautelares. Hay que confiar en el trabajo de la Guardia Civil y evitar estos enfrentamientos entre instituciones que van en perjuicio de los ciudadanos".
