Para obligar al confinamiento se debería haber decretado el estado de excepción, no el de alarma. Además la elevada discrecionalidad en manos de los agentes ha provocado una situación de inseguridad jurídica, que va a dar pie a un "aluvión de recursos" y "un gran atasco" a la hora de resolverlos. Las detenciones por estas causas son "un despropósito, pero los casos de prisión provisional son una auténtica barbaridad". Son opiniones expresadas por tres prestigiosos juristas consultados sobre las medidas coercitivas impuestas para combatir el coronavirus.
"De entrada, considero que el Real Decreto 463/2020 es inconstitucional porque suspende la libertad de circulación que reconoce la Constitución en su artículo 19. La suspensión tan solo es posible previa declaración del estado de excepción o sitio, pero nunca del de alarma (artículo 55). Y digo que la libertad de circulación ha quedado suspendida y no simplemente limitada porque el Real Decreto no respeta el contenido mínimo esencial de la expresada libertad, que ha quedado desnaturalizada hasta hacerla irreconocible. Las cosas son lo que son y no lo que el redactor de la norma -que ni siquiera tiene el rango de ley orgánica- dice que son", explica el abogado y profesor de Derecho Jaime Campaner.
"A partir de aquí, los supuestos en los que la norma autoriza la circulación son, en algunos casos, vagos, genéricos e imprecisos, a pesar de que un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico es la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución). Luego, la norma cuya efectividad se encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado propicia, ya de entrada, que los agentes incurran en proscrita arbitrariedad. Si esto lo aderezamos con la escasez de medios y la evidente y justificada situación de estrés con la que están desarrollando su labor los agentes de policía, el resultado es un cóctel molotov para la convivencia. No sería justo generalizar, pero al igual que he tenido ocasión de analizar actuaciones policiales sensatas y dotadas de unos modales exquisitos, he tenido conocimiento de comentarios y actuaciones aberrantes desde el punto de vista jurídico y que dejan mucho que desear desde la perspectiva de las más elementales pautas que deben regir las relaciones entre las personas. Entiendo que existan ciudadanos que han pretendido burlar de modo descarado las prohibiciones y que existe cierto hartazgo policial en su importante misión de proteger la salud pública, pero no pueden pagar justos por pecadores", continúa Campaner.
"La actuación de determinados agentes policiales ha generado en la ciudadanía una cultura del miedo impropia de un Estado democrático de Derecho", añade el jurista. "Creo sinceramente que con la publicación de la norma y, sobre todo, la interpretación -en muchos casos arbitraria- que se está haciendo de la misma hemos sufrido una involución y se ha ido al traste el trabajo de reconocimiento y respeto de derechos y libertades que tantos años y esfuerzos costó a nuestros mayores. El objetivo urgente e irrenunciable debe ser regresar a la normalidad y abandonar la excepcionalidad jurídica abruptamente impuesta. Y el comienzo debería pasar por la fiscalización del Real Decreto por parte del Tribunal Constitucional y por la impugnación ciudadana de aquellas eventuales sanciones que consideren fruto de la arbitrariedad; a buen seguro hallarán el mayor tesoro que nos queda: jueces y tribunales independientes, únicamente sometidos al imperio de la ley".
"Demasiadas arbitrariedades"
El también abogado Eduardo Luna explica que algunos casos que se están produciendo son "sangrantes". "La norma deja una total discrecionalidad a los agentes, lo que está provocando una gran inseguridad jurídica y va a dar pie a un aluvión de recursos.
Este letrado considera que se ha instaurado "un estado de excepción encubierto, donde se producen demasiadas arbitrariedades. La gente no sabé qué puede y que no puede hacer". Esta situación conllevará a su juicio que "la inmensa mayoría de las propuestas de sanción queden en nada".
Otro experto abogado, Bartolomé Salas, entiende que "por desgracia estamos en una situación excepcional y se están aplicando medidas excepcionales. Pero las normas son muy vagas, lo que genera confusiones y situaciones injustas para los ciudadanos".
"Se trata de una situación extraordinaria y aplicar las normas puede resultar muy complicado para el policía", prosigue Salas. "Hay una inseguridad jurídica producto de esta excepcionalidad, para lo que debemos tener paciencia". Este letrado se muestra mucho más crítico con los arrestos que se producen en este contexto. "Creo que las detenciones son un despropósito, y las medidas de prisión preventiva una barbaridad. No son ajustadas a derecho por mucho que haya reincidencia, porque las normas administrativas ya prevén medidas para los casos de reincidencia".
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