"Fue unos días antes del endurecimiento del estado de alarmaestado de alarma. Fui a realizar una revisión en un barco donde se había activado una alarma. A la entrada del puerto, en el Paseo Marítimo de Palma, me encontré un control de la Guardia Civil. Les mostré mi documentación y me dejaron pasar. Un cuarto de hora después, tras revisar la embarcación y comprobar que estaba bien, volví hacia mi casa. Me volvieron a parar en el mismo control y otro guardia me dijo que no era un motivo justificado para salir y me multó. No quiso escucharme, me dijo que si no estaba de acuerdo que presentara un recurso".
Historias parecidas a la de este trabajador autónomo se han repetido veces a lo largo de las últimas semanas. Los juristas alertan de que la excesiva discrecionalidad y la falta de normas claras a la hora de imponer sanciones por infringir las restricciones de movimientos derivadas del estado de alarma han provocado una gran inseguridad jurídica y vaticinan "un aluvión de recursos" y que la gran mayoría de las sanciones "quedarán en nada".
Los cuerpos policiales de Balears se han volcado en los controles para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento establecidas para frenar la pandemia de coronavirus. Cada día se imponen en Balears entre cuatrocientas y quinientas propuestas de sanción, con multas que pueden ir de los 600 a los 30.000 euros. Desde que se decretó el estado de alarma se han impuesto más de 13.500 propuestas de sanción. En este tiempo han sido detenidas casi 300 personasdetenidas casi 300 personas por reiteración en el incumplimiento o por enfrentarse a los agentes, y una veintena de ellas han ingresado en prisión tras declarar en el juzgado.
Elevada discrecionalidad
Sin embargo, la falta de normas claras sobre las situaciones en las que se puede salir de casa y la elevada discrecionalidad en manos de los agentes estan provocando también denuncias de abusos y arbitrariedades policiales. Muchas de estas personas han contactado ya con abogados para presentar un recurso.
Es el caso de otro trabajador autónomo dedicado a la construcción. "Había ido a dejar las herramientas a mi local en Son Ferriol y regresaba a casa. Me paré a poner gasolina en el camión y proseguí por una vía paralela a la autopista de s'Arenal. En la rotonda de Acuacity me encontré con un control de la Policía de Llucmajor. Me preguntaron de dónde venía y cuando se lo dije me contestan: ¿Por aquí? Tiene que ir por la autopista. Yo le dije que no sabía que no pudiera utilizar la carretera paralela y que había salido para poner gasolina. Entonces me respondió de malos modos, y me preguntó si venía de la playa." Este empresario recuerda que los policías se contradijeron entre sí: uno de ellos le dijo que podía continuar, pero el otro insistió en abrirle un acta de sanción. "Hicieron una foto de mi número de teléfono, que está en el camión, y me dijeron que me habían sancionado, pero no me dieron ningún papel. No sé si realmente me multaron o no, pero me fui de allí con muy mal cuerpo".
Una joven profesional explica otra situación que vivió la semana pasada una situación similar. "Íbamos mi marido y yo en el coche, sentados en diagonal y con mascarillas, como habíamos leído que se debe hacer en la Guía de Buenas Prácticas ante el Coronavirus que ha publicado el Gobierno. Los dos vivimos y trabajamos juntos, por lo que entendíamos que podíamos ir juntos en el coche". El vehículo fue interceptado en un control de la Policía Local de Palma cerca de Calanova. "Había bastantes policías y uno dijo que podíamos seguir, pero el otro insistió en ponernos la denuncia porque no podíamos ir juntos en el coche. Yo le pregunté qué estaba haciendo mal y le quise enseñar el documento del Gobierno, pero no lo quiso mirar. Me dijo que si no estaba de acuerdo, que lo recurriera cuando me lo notificaran".
La joven relata que le indicaron que si no tenían dos coches, uno de los dos debería ir en transporte público. "Finalmente me bajé y me fui caminando a mi casa, porque me parece mucho más expuesto ir en autobús. Pero me sentí muy triste, porque me lo hicieron pasar mal y estamos convencidos de que hacíamos las cosas bien. Desde entonces no he vuelto a salir, no quiero arriesgarme a tener más problemas".
Una mujer fue sancionada también por la Policía Local de Palma cuando tomaba el sol junto a su hija, con la que convive, en la piscina comunitaria de su finca. "Los vecinos nos llevamos bien, y teníamos un pacto tácito de bajar un ratito a horas distintas. Es un espacio muy grande en el que puedes mantener mucha distancia. Pero uno de los vecinos, con el que ya hemos tenido problemas, avisó a la Policía. Me hicieron quedarme con ellos mientras mi hija subía al piso a por mi documentación. Y mientras tanto, los vecinos desde los balcones les pedían que me dejaran, que no molestaba a nadie. Y me pregunto hasta qué punto tenían derecho a entrar en un recinto privado".
Otra joven madre residente en Cala Blava explica lo que le ocurrió el pasado día 13: "Fui al súper y compré yogures, lentejas, un chorizo y pan. Cuando volvía a casa me pararon en un control de la Guardia Civil. Les expliqué que venia de comprar y me pidieron el recibo. Una guardia me dijo que esa compra no era de productos básicos y que tenía que comprar más cantidad. Le dije que necesitaba los yogures para mi hija pequeña, y que había comprado pan. Pues el pan lo congela, como hacemos todos, me contestó",
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