Antoni Vallespir, teniente de alcalde de Llubí entre 2007 y 2015, reconoció ayer en la Audiencia de Palma en un juicio contra una asociación de cannabis del municipio que alquiló un solar suyo a la entidad para que cultivaran marihuana "porque estaba a favor de la iniciativa" y eran conocidos suyos.

El entonces concejal de Interior (PP), que ayer compareció en la vista oral como testigo, explicó que él también era socio del club cannábico y que solía ir a ver los partidos de fútbol de la Champions en el local de la asociación con sus amigos. Según su versión, años atrás era consumidor de cannabis. "Teníamos un carné de socio y lo enseñaba en un videoportero para poder entrar en el local. Para ser socio tenías que cumplir unos requisitos: ser consumidor, aceptar las normas y los estatutos de la entidad y consumir siempre del local. Éramos unos 100 o 110 socios", recordó Vallespir.

El antiguo teniente de alcalde detalló que se hicieron varias reuniones entre el Ayuntamiento y la Asociación Balear para el Estudio e Investigación del Cannabis (ABEIC). En una primera reunión, en 2010, la entidad comunicó al entonces alcalde que querían montar un club de fumadores. Luego, a principios de 2011, en una segunda reunión en el Consistorio en la que estuvo presente Vallespir, la Policía Local y la Guardia Civil, dos miembros de la asociación explicaron que querían poner en marcha varios cultivos privados, según apuntó el testigo.

Entonces, según Vallespir, el teniente Santiago de la Guardia Civil de Santa Margalida indicó que se podían hacer cultivos pero que estuvieran señalizados, identificados y que se informara de dónde se ubicaban las plantaciones. "Me consta que ellos lo comunicaban", insistió el entonces teniente de alcalde de Llubí.

"Cuando la Guardia Civil nos comentó aquello, no tuve ninguna duda", añadió. Vallespir admitió que alquiló un solar suyo pegado al pueblo a la asociación por 200 euros para que cultivaran marihuana porque estaba a favor de la iniciativa. "Todo el mundo sabía lo de la asociación, es un pueblo pequeño", aseguró. También detalló que el club de cannabis sufrió varios robos de plantas.

"Nunca se me planteó un conflicto entre la Policía Local de Llubí y la asociación. El Ayuntamiento no interfería en las funciones de los policías", recalcó.

El entonces regidor apuntó que en esas fechas tuvieron una oleada de robos en la escuela del pueblo y en edificios municipales. Entonces, la asociación de cannabis se ofreció a pagar el sistema de alarma de la escuela. Además, cada año, organizaban una recogida de juguetes en Navidad y recogida de alimentos desde la entidad, según detalló Vallespir.

La fiscalía solicita sendas condenas de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros para el presidente, secretario y tesorero de la entidad por asociación ilícita y un delito contra la salud pública después de que la Guardia Civil interviniera a la entidad 125 plantas de marihuana en 2015. La defensa reclama la libre absolución de los tres encausados o, de forma alternativa, penas mínimas de un año, seis meses o tres meses de cárcel.

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