Más País propone penalizar las terapias de conversión al colectivo LGTBI

Más País registra este viernes una enmienda a la ley trans en la que propone incluir en el Código Penal las terapias de conversión -tratamientos que pretenden revertir la orientación sexual de personas del colectivo LGTBI- y castigarlos con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 8 a 24 meses.

El partido que lidera Íñigo Errejón presenta esta enmienda de adición a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas tras y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso.

En ella, pide que se castigue con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 8 a 24 meses para quienes "dolosamente" practiquen Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (Ecosieg) a otra persona o a quienes remitan a alguien a estas terapias.

Estas incluyen el asesoramiento o tratamiento de cualquier tipo –intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, sociales, familiares, clínicas, coaching, religiosas y pastorales– independientemente de los métodos, técnicas o enfoques que empleen.

Todas ellas, parten de la premisa de que determinadas orientaciones, identidades o expresiones sexuales o de género son patológicas y tienen como objetivo reprimir el deseo sexual o los sentimientos románticos de una persona.

Más País apunta en su texto que no será necesaria la denuncia de la persona afectada por estas terapias e indica, asimismo, que el consentimiento de la víctima "será irrelevante" para la responsabilidad criminal de dicha conducta.

Según la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, se han identificado más de setenta profesionales y actores privados que practican de forma impune estas intervenciones y el número de afectados, muchos de ellos menores de edad, supera las 400 personas.

Actualmente, indica Más País, ocho comunidades autónomas disponen de prohibiciones y de un régimen sancionador dirigido a luchar contra estas terapias, pero en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso.