¿Qué debe hacer Porto Cristo para ser independiente?

AIPC, partido socio de Més-Esquerra en el equipo de gobierno ‘manacorí’, plantea una consulta ciudadana para que el núcleo costero pase a ser el municipio mallorquín número 54

Una vista general de la playa de Porto Cristo desde el Club Náutico.

Una vista general de la playa de Porto Cristo desde el Club Náutico. / D. M.

Sebastià Sansó

Sebastià Sansó

Hace unas semanas Antònia Llodrà, portavoz de la Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC), volvía a verbalizar un tema ya demasiado recurrente como para pasar desapercibido: la emancipación a través de un referéndum del pueblo costero para convertirse en un nuevo municipio. El deseo, que hace 30 años ya cristalizó en un movimiento vecinal que acabó con la creación del propio AIPC como brazo político, vuelve como opción viable una vez que los porteños forman parte del equipo de gobierno municipal, conjuntamente con Més-Esquerra.

«Dentro de las condiciones previas ya se parte de la base de que Porto Cristo reúne las condiciones geográficas, demográficas y económicas que marca la Ley para poder optar a ser un nuevo municipios», explica Joan Llodrà, conseller insular de los ecosoberanistas, exconcejal del Ayuntamiento y experto en los condicionantes políticos y administrativos para una consulta.

Si hablamos de condiciones administrativas, las de partida y sin las que no sería lógico pedir el parecer de los ciudadanos, básicamente son: tener más de 6.000 habitantes empadronados (ahora tiene más de 9.000 que viven todo el año), estar a más de cinco kilómetros del pueblo madre (está a 12 km), y que después de la separación, el municipio original no quede con menos habitantes. Aparte de que Porto Cristo debería demostrar ser económicamente sostenible. De hecho es seguramente, a día de hoy, el único pueblo de Balears que reúne estos requisitos previos.

«No tengo ningún problema en que se pueda hacer una consulta, al contrario», dice de partida el alcalde manacorí, Miquel Oliver. «En algún momento debe ponerse sobre la mesa, después debe decidirse si es vinculante o no o si jurídicamente es viable. Con esto quiero decir que ahora mismo la Ley Montoro y el mandato de Europa van por el camino contrario, que es promover las uniones de municipios cercanos».

Si en los años 90 nacía AIPC, en septiembre de 2007 se dio el siguiente paso con la constitución de la Junta de Distrito de Porto Cristo, durante muchos años inoperante y reactivada esta legislatura con plenos cada tercer lunes de los meses impares. Precisamente Antònia Llodrà es su presidenta. 

La otra concejala de AIPC en el Consistorio y vicepresidenta del órgano, Júlia Acosta, no es tan optimista como Llodrà y señala un hecho clave: «Aunque la propuesta saliera aprobada por la Junta de Distrito, al final debería pasar por el pleno y ahora mismo somos un equipo de gobierno en minoría...», reflexiona. «Está claro que estoy a favor de una consulta y veo muy necesario que se haga, pero lo que deberíamos asegurar es tener independencia al elegir y financiar proyectos necesarios para el pueblo».

Las opciones

Puesto que políticamente el ayuntamiento de Manacor no tiene en sus planes promover directamente la segregación municipal debería ser el propio pueblo de Porto Cristo quien pudiera decidir su futuro. Si consultamos la Ley de Régimen Local de Balears y la de Participación Ciudadana, sabemos que son cuatro las opciones para dar voz al pueblo.

La primera sería un referéndum vinculante. Aquí vendría también el primer problema, y es que debería hacerse sobre el censo de todo el municipio, ya que el Tribunal Constitucional no permite hacerlos a sólo una parte de un municipio. Aquí la propuesta debería partir de la iniciativa del alcalde, de un grupo municipal o de por lo menos 1.250 firmas de censados en el municipio. Para realizarse, además, necesitaría el acuerdo por mayoría absoluta del pleno y permiso del Estado.

La segunda opción pasaría por una consulta ciudadana oficiosa, que en ese caso no tendría un carácter vinculante. No se puede utilizar el censo. Participarían las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana (RUPC) y también estaría circunscrito a todos los inscritos del municipio. Lo bueno es que no necesita permiso del Estado, ni la mayoría absoluta del Consistorio. Para convocarla basta un decreto de alcaldía o mayoría simple del Pleno o unas 1.250 firmas de personas del municipio inscritas en el RUPC, una herramienta todavía no desarrollada suficientemente.

Se debería hacer por tanto una campaña para inscribirse en el RUPC. Si saliera el voto favorable a la secesión sea en el global de municipio o sólo teniendo en cuenta los resultados en el Puerto, debería validarse por la mayoría absoluta del Consistorio. Si todo fuera bien todavía faltaría enviarlo al Consell de Mallorca para que tramitara y resolviera. Debería pasar después por un dictamen del Consell Consultiu.

Puede ser la tercera sea en principio más lógica, aunque no la que tiene más posibilidades. Pasa por la recogida de firmas. No hay consulta ni referéndum. Haría falta que la mitad más una de las personas con derecho a voto en Porto Cristo en las elecciones municipales presentaran firma pidiendo la segregación con tres meses de plazo para presentarlas.

Llegados a ese punto el Ayuntamiento debería validar por mayoría absoluta su conformidad con la petición. Al igual que con la opción anterior, se enviaría al Consell para que tramitara y resolviera. Debería pasar después por un dictamen del Consell Consultivo, que se supone que serían trámites sin demasiadas dificultades.

La última opción sería una consulta ciudadana no reglada, una figura no regulada y por tanto no vinculante. No se puede utilizar el censo, así que la gente debería votar con DNI o con certificado de residente, tal y como ocurrió en el 9N en Cataluña. Sería una consulta que convocaría al alcalde a propuesta de la Junta de Distrito y de las firmas porteñas que políticamente el consistorio manacorí considerase oportuno exigir. Estaría sólo circunscrito a Porto Cristo.

La Junta de Distrito sería en ese caso quien plantearía la pregunta. Si participa el 50% de los censados y el ‘sí’ obtiene más votos que el ‘no’; el alcalde se compromete a instar al Consell de Mallorca para que ejerza la potestad de iniciativa al respecto que le da la Ley. El pleno del Ayuntamiento debería aceptar los resultados para que el Consell pudiera actuar.

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