Indemnización histórica: Calvià deberá pagar 11 millones por expropiar la punta de Torrenova

El ayuntamiento de Calvià tendrá que pagar casi 11 millones de euros por la expropiación de una franja costera de 18.000 metros cuadrados conocida como Punta Nadala o Torre Nova, que está situada entre Palmanova y Magaluf y que es una de las pocas ventanas naturales que quedan sin desarrollar en el masificado litoral de esta zona.

Para hacer frente a este pago, el gobierno municipal (PSOE y Podem-Més) se ha visto obligado a realizar una modificación presupuestaria para extraer 6,9 millones de sus ahorros (con el nombre técnico de remanente de tesorería) y abonar así esa cantidad cuanto antes para evitar tener que pagar los intereses procesales.

Así lo explicó ayer el teniente de alcalde de Transparencia, Innovación y Servicios Económicos, Marcos Pecos (PSOE), durante el pleno municipal ordinario en que se formalizó esta modificación del presupuesto.

Sorprendentemente, ningún representante de la oposición (Partido Popular, Vox y ediles no adscritas) hizo el menor comentario al respecto durante el debate de este punto, pese al impacto que tendrá para las arcas municipales al tratarse de una de las mayores indemnizaciones a las que ha tenido que hacer frente el Consistorio calvianer en su historia.

Sentencia del TSJB

Pecos explicó que una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio por bueno el justiprecio de 10,9 millones de euros que, en su día, estableció el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por la incorporación de esta valiosa parcela al patrimonio municipal. El teniente de alcalde señaló además que era urgente el abono de esta cantidad para que los intereses «no vayan a más», con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.

Año 2000

Para entender el origen de este embrollo jurídico-administrativo que ha desembocado ahora en un duro golpe para las finanzas municipales, hay que situarse en el año 2000. En aquel entonces, el plan general urbanístico previó la incorporación de esos terrenos al patrimonio municipal como espacio libre público. En 2007, la propiedad instó al Ayuntamiento a iniciar el correspondiente expediente de expropiación, cifrando el precio de la operación en una cifra astronómica: en torno a los 70 millones de euros.

Posteriormente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa estableció un justiprecio de casi 11 millones, alejados todavía de los 3,8 millones que proponía el ayuntamiento de Calvià. En esa tesitura, ambas partes presentaron sendos recursos, que ahora han encontrado respuesta en la resolución del TSJB.

Dura sentencia

La sentencia es dura con la administración municipal. «Si tenemos en cuenta que la expropiación [procede] del plan general de Calvià de 2000 y, visto el desarrollo fáctico, hace estremecer que las trabas administrativas de todo tipo, un requerimiento detrás de otro a lo largo de los años sin respuesta, le sean favorables a la administración. Eso no es posible ni deseable», concluye.

Una vez formalizada la expropiación, habrá que definir los nuevos usos de este privilegiado espacio costero. En los últimos años, la administración municipal ha explicado que el objetivo pasaría por abrir la torre «al público en general adecentando todo el entorno para que el público lo pueda disfrutar». Esa zona permite, además, un acceso a la costa que está actualmente restringido al ser propiedad privada.

En la parcela existe una torre de defensa que data del año 1616, según consta en la obra de investigación 'Viatge històric per Calvià', que da cuenta de que existen registros de que se utilizó para disparar dos cañonazos contra un barco inglés y otro genovés a principios del siglo dieciocho.

A la estructura, se accede por un portal situado en el piso inferior. A las dependencias principales se sube por una escalera de caracol. La ubicación de la torre es privilegiada, ya que se sitúa a apenas 40 metros del mar. 

En la década de los noventa, hubo un proyecto de urbanizar esos terrenos, con 70 viviendas, plan que fue tumbado por el Consistorio y recurrido en sede judicial, sin que acabase prosperando. 

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