Las políticas realizadas por distintas administraciones gobernadas por pactos de progreso en los últimos años teniendo Sóller como punto de destino pueden salir caras a las administraciones públicas, teniendo en cuenta que están en juego más de 90 millones de euros.
A la sentencia que ayer se hizo pública en la que los jueces estiman que debe indemnizarse con 63,5 millones a la empresa de Matthias Kühn por haber desclasificado la urbanización de Muleta, la Justicia tiene en trámite otra demanda multimillonaria por valor de 31 millones de euros contra el Consell de Mallorca. Esta institución rescató el túnel de Sóller en 2018 (cuatro años antes de que venciera el contrato) abonando 16 millones de euros a la concesionaria, aunque Globalvía, la empresa que gestionaba la infraestructura viaria, reclamó 31 millones. En una primera sentencia el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears dio la razón a la empresa en contra de los argumentos defendidos por el Consell al entender que el rescate respondía solo a motivaciones políticas y no técnicas. El proceso también desembocó en el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
Ambas demandas suman casi 95 millones de euros, una cifra que se queda corta si se le aplican los intereses de demora.
