El Govern recurrirá a instancias judiciales superiores el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que obliga al Ejecutivo a indemnizar con 63,5 millones de euros por la desclasificación de Muleta (Sóller) a la empresa de Matthias Kühn. La consellera de Presidencia y responsable de la Abogacía de la Comunidad, Mercedes Garrido, ha anunciado hoy el recurso del Govern y ha recordado que esta resolución judicial se debe a que "el PP de José Ramón Bauzá le reconoció a Kühn su derecho a urbanizar mediante a un acuerdo que no se ha cumplido". Garrido ha incidido que "en Baleares tenemos dos modelos: el nuestro, que es una apuesta clara por el paisaje y la protección del territorio como uno de nuestros principales patrimonios; y el de la derecha que consiste en el desarrollo urbanístico".
La consellera de Presidencia ha apuntado que en estos momentos los letrados del Govern están estudiando a qué instancia recurrirán. En primer lugar ya están preparando un escrito de reposición ante el propio juzgado de lo contencioso administrativo. Después decidirán si recurren ante el propio TSJB, en el caso de normativas autonómicas, o si deciden ir directamente al Tribunal Supremo al solapar normativa estatal.
Hay que recordar que el Govern tiene sobre la mesa litigios pendientes donde le reclaman unos 370 millones de euros y la mayoría son por desclasificaciones urbanísticas como la de Muleta, tal y como publicó este periódico el 21 de enero. En este sentido, la consellera Garrido ha indicado que no temen una cascada de sentencias condenatorias tan elevadas, ya que "en los otros casos no existe una autorización del Govern, como la que hizo el PP a Kühn para que pudiera urbanizar".
En este mismo sentido se ha pronunciado el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir: "Desde el punto de vista ambiental, Muleta merece con creces su protección, ya que debemos hacer una apuesta firme por la protección del territorio frente a intereses particulares de multimillonarios"
No obstante, el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha denunciado que "es una vergüenza que los ciudadanos de Balears tengan que pagar estas indemnizaciones por unas desclasificaciones de dudosa legalidad que se hicieron en 2008 con el Govern de Francesc Antich". Costa ha recordado que el Govern hace unos años ya tuvo que hacer un préstamos de 142 millones para hacer frente a indemnizaciones y que lleva 300 millones de euros pagados en estas desclasificaciones. "Se pagó hace poco 87 millones por Punta Pedrera de Eivissa que el promotor pudo comprar el aeropuerto de Ciudad Real. Con los 300 millones de euros que han pagado en indemnizaciones podríamos tener la red de depuradores de primer nivel o pagar las reformas de los hospitales de Manacor, Inca y Son Llàtzer", ha apostillado el portavoz popular. Josep Melià (El Pi) ha indicado que "nosotros apostamos por la protección del territorio, pero le pediría el Govern que intentara llegar a acuerdos para evitar estas indemnizaciones tan millonarias".