Dos mociones presentadas por el PP por vía de urgencia dieron vida el martes a un pleno de puro trámite en Marratxí. La primera de las mociones hacía referencia al tema de los okupas que, durante estas últimas semanas, ha sido objeto de cruce de acusaciones y comunicados de prensa entre el PP y el equipo de gobierno, unos acusando al consistorio de favorecer a los okupas y otros desmintiendo esta afirmación.
En la moción popular se indicaba que el consistorio tiene un plan para realojar a los okupas de Marratxí en viviendas de protección oficial y la propuesta del PP solicitaba que no entrara en vigor esta supuesta iniciativa.
No obstante, el alcalde Joan Francesc Canyelles (Més) desmintió totalmente estas afirmaciones del PP aduciendo que el consistorio no tiene ninguna propiedad en viviendas de protección oficial ni competencias, y retó al portavoz del PP que dijera en el mismo pleno qué propiedades tiene el consistorio. También solicitó al portavoz popular cuál era la fuente de esa noticia "totalmente falsa".
Xisco Ferrà dijo que lo había sacado de un recorte de prensa, respuesta que indignó aún más al alcalde, que acusó al PP de "no haber hecho bien su trabajo". "Antes de emitir el comunicado lo más normal hubiera sido ver el plan de los servicios sociales y comprobar que el plan en ningún momento contempla favorecer a los okupas en perjuicio de los propietarios". apuntó.
Durante cerca de diez minutos ambos ediles estuvieron dando vueltas al mismo tema. El portavoz del PP aseguró que se había alarmado por lo publicado y el alcalde le recriminó que hubiera hecho más caso a una información de prensa que al propio plan de servicios sociales del Ayuntamiento que, según el alcalde, debería haber sido consultado por los populares.
Críticas a la delegada del Gobierno
El último en intervenir fue el segundo teniente de alcalde Miquel Cabot, del PSOE, que intentó reconducir el tema exponiendo que en el próximo pleno se emitirá un comunicado institucional solicitando a la delegada del Gobierno más agentes de la Guardia Civil y unas leyes que favorecieran la actuación de las fuerzas del orden en estos casos para revertir la situación. Cabot recriminó a la delegada del Gobierno la interposición de contenciosos contra las subvenciones a la rotulación en catalán y contra el plus de los funcionarios, pero "no ha hecho ninguna declaración" en el sentido de luchar contra los okupas o conseguir de Madrid unas leyes para que las fuerzas del orden puedan actuar en estos casos de forma más eficiente que en la actualidad.
La moción fue rechazada con los votos a favor del PP y en contra de los miembros del equipo de gobierno. El grupo municipal de El Pi y la regidora no adscrita optaron por la abstención.
