La mayoría de bienes patrimoniales catalogados y protegidos mediante la figura de Bien de Interés Cultural (BIC), y principalmente aquellos que son de propiedad privada, incumplen actualmente el régimen de visitas que determina la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de Balears. Según esta norma, los elementos declarados como BIC deben poder ser visitados por el público un mínimo de cuatro días al mes en horarios previamente señalados.

La principal consecuencia de este incumplimiento, tanto por parte de propietarios de bienes protegidos como de la Administración que debería velar por el interés general, es la imposibilidad de ver de cerca buena parte de los elementos que componen la riqueza patrimonial de Mallorca. En la actualidad, importantes edificios históricos como los castillos del Rei (Pollença) o Santueri (Felanitx) o emblemáticos patios del casco antiguo de Palma como el de Can Vivot, entre otros muchos elementos claves para entender la historia de esta isla, permanecen cerrados a la ciudadanía sin ninguna posibilidad de recibir visitas públicas.

Biel Cerdà, director insular de Patrimonio del Consell, departamento competente en la incoación de los expendientes de BIC, reconoce la falta de coincidencia entre lo que estipula la ley y la realidad actual, aunque responsabiliza de ello a la "ambigüedad y poca definición" del texto legislativo, que "suscita controversias" y, además, "necesita una actualización para incorporar nuevos aspectos relacionados con la arqueología vertical y la subacuática".

A su entender, la vigente Ley de Patrimonio Histórico carece de un reglamento que defina con más exactitud y de forma detallada la forma de regular las visitas públicas a los monumentos catalogados que permanecen cerrados. "El reglamento tendría que definir qué elementos patrimoniales pueden visitarse y cuáles no, y establecer la frecuencia exacta de estas visitas para cada uno de los monumentos, ya que cada uno tiene sus propias características", explica Cerdà. En algunos casos, la conservación de elementos protegidos puede ser incompatible con su exposición pública.

Convenios con propietarios

A la espera de un marco regulador que fije los requisitos obligatorios para cada BIC, la Administración opta por la fórmula de la negociación con los propietarios como la única forma de garantizar las visitas públicas. "Actualmente, desde Patrimonio trabajamos en una serie de propuestas de convenio con los propietarios de determinados monumentos para posibilitar su apertura al público", apunta Cerdà. Edificios emblemáticos como el Convent de les Caputxines de Palma, el antiguo palacio de Sineu, la Fortalesa de Pollença y el Castell del Rei podrían abrirse a visitas públicas si los convenios entre propietarios y Consell salen adelante. "Si no se alcanzase un acuerdo, es cierto que la Ley ampara a la Administración, pero la idea es la de no llegar a estos extremos", añade el director insular de Patrimonio.

Otro factor a tener en cuenta es la insuficiencia presupuestaria del Consell para financiar proyectos de reforma de los BIC. "La gente que tiene sus elementos en condiciones y abiertos al público deberían tener más acceso a las ayudas públicas, pero el presupuesto anual ronda los 230.000 euros y se agota pronto", explica Cerdà. Con más dinero para la conservación, la apertura al público sería más fácil.