El ayuntamiento de Manacor presentó ayer la nueva ordenanza contra la práctica del botellón en el municipio. "No como medida restrictiva sino para que deje de confundirse la libertad con la permisividad", señaló el regidor local de Sanidad, Antoni Mesquida (PP). Si se atiende a las sanciones, parece ser que efectivamente será así: desde los 400 euros a pagar si se comete una falta leve hasta los 3.000 por las determinadas como muy grave, en caso de reincidencia.

"Las cosas mal hechas acaban por prohibirse y se tiene que aplicar la mano dura", recordó el responsable político de la Policía Local, Antoni Sureda. Y es que la norma, que especifica la prohibición de cualquier consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, también está pensada para que se pueda sancionar a toda aquella persona que "pasee con una copa en la mano y sea denunciada por molestias", dijo el edil.

Una vez comprobada la infracción, una comisión técnica formada por funcionarios municipales se encargará cada quince días de dirimir el importe económico o bien "sobre todo si se trata de menores y para evitar que los padres carguen con una responsabilidad que no les atañe completamente", el trabajo substitutivo a llevar a cabo "en la brigada municipal o colaborando en empresas con las que estamos contactando", matizó Mesquida, quien no dudó en calificar la normativa como "un compromiso personal del alcalde".

Oportunismo

Aunque se lleve elaborando desde hace casi dos meses y fuera ratificada en comisión informativa el pasado lunes, la ordenanza ´antibotellón´, fue nuevamente reclamada por diversos partidos de la oposición a raíz de la agresión sufrida por Antoni Marcus, un vecino de la ciudad atacado por un grupo de jóvenes que ingerían alcohol frente a su casa del Passeig Ferrocarril hace nueve días. "Quiero que quede claro que no se trata de un correctivo oportunista, sino de un estudio elaborado", contestó el ex gerente del Hospital de Manacor. Está previsto que la norma se apruebe el próximo lunes en sesión plenaria y se empiece a aplicar dentro de dos meses, justo después de su publicación en el BOIB.

Asimismo, los miembros del equipo de gobierno municipal mostraron públicamente su malestar por la incomparecencia de los portavoces de la oposición a dicha comisión informativa, en la que se debatieron los puntos conflictivos. "Sólo se presentó un miembro de PSM-Esquerra-Els Verds, "lo que demuestra el grado de implicación de ciertas personas, más centradas en Palma", espetó Mesquida.