Obligado a pagar una multa en Palma por no poder hacer en catalán el curso para evitarla

El sindicato STEI ha denunciado un caso de "discriminación lingüística" por parte del ayuntamiento de Palma en la anterior legislatura. Según relatan, la Policía Local de Palma multó en marzo de 2022 a Francesc M. Ramis, casualmente miembro de la organización, con una sanción de 120 euros y opción a conmutarla a través de un curso formativo.

Ramis solicitó realizar la formación y, en la misma instancia, pidió que el curso fuera en lengua catalana. Después de anular dos convocatorias, fue citado finalmente el pasado mes mayo en la Escuela de Formación de la Policía Local para hacer el curso. Al llegar, observó que la sesión se desarrollaba en castellano. A las quejas de Ramis, según explican desde el STEI, el Mayor de la Policía Local siguió impartiendo la clase en español.

Cort sólo recibió una demanda por discriminación al castellano en todo el 2022

El ciudadano se marchó, no sin antes pedir que le expidieran una diligencia para que constara que se había personado en el lugar, solicitud que también le fue denegada, asegura. Al llegar a casa, volvió a remitir un correo a la Escuela de Formación explicando lo sucedido, señalando que "no se ha respetado" su "opción lingüística" y reiterando su solicitud de realizar el curso en catalán.

Pocas semanas después, recibió la respuesta: la escuela alegó que este tipo de cursos no se pueden ofrecer en una lengua específica, sino que se imparten en el idioma que conoce el mayor número de asistentes. Ramis contestó interpelando a su derecho de recibir dicha formación en catalán y solicitando día, hora y lugar de la sesión.

La siguiente respuesta llegó de parte de la Agencia Tributaria de Baleares: una notificación de recargo del 10% de su multa, es decir, 120 euros de sanción y 12 más por la demora.

Desde el STEI recuerdan que todo este proceso está enmarcado en el contexto del equipo de gobierno del Pacto de izquierdas, "supuestamente progresista y defensor del catalán", lamenta el sindicato, que se ha puesto a la disposición de los ciudadanos afectados por casos similares. También ha exigido a Cort que anule esta comunicación y que cite a Ramis a una sesión formativa en catalán, además de explicar públicamente qué tanto por ciento de estos cursos se hacen en lengua catalana.

A todo esto, Ramis y un grupo de amigos han abierto esta mañana una campaña de crowdfunding bajo el nombre 'Parlar en català no és cap delicte' en la plataforma Tot Suma para financiar la multa. Cuatro horas después de lanzarla, se ha alcanzado el objetivo. La intención es abrir una 'caja de resistencia' por los derechos lingüísticos con el dinero que sobre.