Palma pretende duplicar en diez años las viviendas públicas de alquiler social

El nuevo Plan General, cuya parte estructurante fue aprobada definitivamente en el pleno extraordinario del pasado viernes, incluye una serie de medidas para incrementar el parque de vivienda pública, estancado en los últimos 20 años

Una de las promociones de viviendas sociales que se está ejecutando en el Nou Llevant. | PERE JOAN OLIVER

Una de las promociones de viviendas sociales que se está ejecutando en el Nou Llevant. | PERE JOAN OLIVER / Josep CApó. palma

Palma cuenta en estos momentos con 1.548 viviendas públicas de alquiler social, incluyendo en esta cifra las 400 pertenecientes al Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) y el resto del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

Se trata de un parque de vivienda pública prácticamente inamovible en los últimos 20 años y que representa tan solo el 0,89 del total, cuando los parámetros europeos están entre el 10% y el 11%. Esta situación se ha paliado en parte por la construcción o el inicio en las dos últimas legislaturas de 1.275 viviendas sociales en Balears de las cuales 275 están en Palma, una cifra, no obstante, que sigue siendo insuficiente para las necesidades de la ciudad.

Con el fin de paliar esta situación el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya parte estructurante se aprobó definitivamente en el pleno extraordinario del pasado viernes, prevé la adopción de una serie de medidas tendentes al incremento del parque de vivienda pública en la ciudad. En concreto, se pretende duplicarlo en los próximos diez años y triplicarlo en 16.

Por lo que respecta a las viviendas de protección pública en los distintos regímenes se espera alcanzar la cifra de 11.554, lo que supondrá un 6% del total o multiplicar por 7,4 las existentes en estos momentos.

Pero, ¿cuáles son los mecanismos que prevé el nuevo planeamiento para la obtención de estas viviendas? Hay varios. En el suelo urbano consolidado de los barrios ya existentes se contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento defina zonas en las que pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto con el fin de comprar nuevos solares y viviendas para ampliar el parque público.

También se permite incrementar el número de viviendas que se pueden construir en un solar, aumentando el denominado Índice de Intensidad Residencial sin que ello suponga un aumento de la edificabilidad, con la condición de que todas las viviendas que se puedan hacer de más sean protegidas.

De esta forma, se pretende también fomentar la construcción de viviendas de distintas dimensiones en una misma zona o promoción para responder a distintas necesidades.

Igualmente, se permite la transformación de locales comerciales en viviendas de protección oficial, con la única limitación de que en las calles más anchas que se han calificado como ejes de actividad económica se deben reservar el 60% de los locales en planta baja para comercios u otras actividades económicas.

Por último, en los barrios del Eixample de la ciudad y en los solares situados entre edificios más altos, se permite incrementar su altura y de esta forma reducir el impacto de las medianeras con la condición de que la edificabilidad de más se destine íntegramente a la construcción de vivienda social.

También se contemplan medidas de diversificación de las soluciones de vivienda con el fin de adaptarlas a las distintas necesidades sociales. Se incluye asimismo una nueva regulación de la superficie de las viviendas, de tal forma que se permite la construcción de una vivienda por cada 60 metros cuadrados construidos, lo que supone que se puede conseguir una vivienda con una media de 50 metros cuadrados útiles de superficie.

En la actualidad las unidades de convivencia son, en general, más reducidas que hace unos años, con familias con menos hijos o sin ellos y monoparentales. De hecho, se calcula que actualmente más de la mitad de las viviendas existentes en la ciudad están ocupadas por tan solo una o dos personas.

Otra posibilidad contemplada en la nueva normativa urbanística consiste en la construcción de las denominadas viviendas dotacionales, que cuentan con equipamientos comunes. El nuevo Plan General prevé la construcción de, como mínimo, 1,236 viviendas de estas características, además de incentivar la construcción de otros equipamientos residenciales comunitarios como residencias de estudiantes o para personas mayores. En este punto se pone el ejemplo de la antigua cárcel, que se convertirá en una residencia para estudiantes de la UIB.

El nuevo planeamiento también introduce la figura del equipamiento de alojamiento dotacional, para jóvenes, personas mayores o colectivos con necesidades especiales, que se podrá construir tanto en solares de equipamiento destinados a este uso como de cualquier otro tipo, siempre que sean compatibles con el principal.

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