Las amenazas del poder

Si nunca deben despreciarse las amenazas que provienen del poder, especialmente cuando carece de los contrapesos de la oposición y la justicia y cuando es ejercido por un autócrata, mucho menos hay que hacerlo cuando se dirigen hacia la prensa libre, el canario en la mina de carbón, el que avisa del inminente peligro del grisú. No hay libertad sin prensa libre. Por eso se disparan todas las alarmas cuando se amenaza a la prensa. Esto es lo que ha ocurrido a raíz de la publicación en El Confidencial de las reuniones de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, con Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Koldo, previas al rescate, por un monto superior a los 1.000 millones de euros, de Globalia, la sociedad de Air Europa; y sus recomendaciones para Carlos Barrabés, el empresario y consultor que gestiona el Máster asociado a la Complutense, cátedra que dirige Gómez sin disponer siquiera de una licenciatura, beneficiado con una adjudicación de 339.584 euros y otras de un total de 18.684.584 euros desde 2021, a través de sucesivas adjudicaciones desde la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital y Red.es, ambas dependientes del ministerio de Economía de Nadia Calviño, el CSD de Iceta y el Icex. Las amenazas realizadas por escrito, con sintaxis deplorable, a El Confidencial por la señora Gómez, sin que desmintiera ni una sola de las pruebas aportadas por el diario digital, son las amenazas desde el poder, de su marido, del presidente del Gobierno. ¿Son graves? Sí. Pueden traducirse en abandono de anunciantes que no quieran indisponerse con el que manda, en tener vedada la publicidad institucional, como consecuencias de ejercer la crítica consustancial a una verdadera democracia.

Otra amenaza es la iniciativa del ministro de Justicia, el anfetamínico Bolaños, para dotar a los fiscales con la competencia en la instrucción procesal. La instrucción, en democracias inobjetables, reside en los fiscales. En EE.UU. el fiscal general es propuesto por el presidente, pero ratificado por el Senado; los fiscales de distrito son designados o elegidos por los ciudadanos según el Estado; en otras, el fiscal general es nombrado por el parlamento con una mayoría cualificada. En España, el fiscal general es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; motivo más que suficiente para dudar de su imparcialidad, recuérdese a Sánchez: «¿de quién depende la fiscalía? /¿Del Gobierno?/»Pues eso». La dependencia se evidenció con el paso de Dolores Delgado, de ministra de Justicia a fiscal general, y se consumó con su número dos, Álvaro García Ortiz también nombrado para el cargo, el que tenía en sus manos el expediente de la trama Koldo antes de las elecciones del 23J sin que formulara ninguna acusación, con la única explicación de que no perjudicara los intereses electorales de Sánchez. Parece adecuado un Ministerio fiscal con órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica de acuerdo al artículo 124, 1 y 2 de la C.E., asumiendo la instrucción procesal, siempre que se asegurara su imparcialidad y el fiscal general sea propuesto por el parlamento con mayoría cualificada. Con la propuesta de Bolaños la instrucción quedaría contaminada por los intereses políticos.

Feijóo dijo hace nada que la clase política de hoy es la peor clase política de la democracia. No dijo «los políticos del PSOE», sino que su comentario abarcaba a todos. Pero Feijóo no profundiza es su aserto. ¿Acaso una clase política tan desastrosa es fruto del azar, de la casualidad? Si esto es así, y, si es una opinión generalizada fuera de la política, habrá entonces que explicar sus causas y ponerle remedio. Por muchas vueltas que se le dé no puede haber otra causa que el sistema de selección de cargos, que no es otro que el sistema electoral proporcional fundamentado en el artículo 68 de la C.E. y en la ley electoral de listas cerradas y bloqueadas, que otorga todo el poder a las cúpulas partidarias y lo sustrae a los ciudadanos. No hay otro remedio que no pase por cambiar el sistema. Por consiguiente, no hay otra prioridad política que cambiar la C.E. y devolver el poder a los ciudadanos con un sistema, ninguno es perfecto, mayoritario, de circunscripciones uninominales, como en el Reino Unido, donde el diputado responde ante sus electores y no ante la cúpula partidaria. Cuando algunos decimos que Feijóo no tiene proyecto es porque hasta ahora no ha postulado nada más que «derogar el sanchismo»”. ¿Acaso no entiende que la conclusión lógica para enderezar la deriva en la que estamos encaminados es cambiar el sistema de selección? Sánchez no es la causa, es un epifenómeno, una consecuencia del diseño pergeñado en la C.E. Sin Sánchez aparecerá otro Sánchez. ¿Y por qué, algo tan evidente no se plasma en propuestas? Porque de la política viven cientos de miles de personas cuya máxima prioridad es seguir manteniendo su sistema de vida, conseguido a través de la burocracia partidaria, la compra de voluntades con cargos políticos, el clientelismo y la corrupción. Y porque, al final, son estos intereses los que priman en el proceso de elección de líderes como Sánchez y Feijóo.

La amenaza final es el propio Sánchez. Sin presupuestos, con la toma de decisiones paralizada por las elecciones vascas, las catalanas y las europeas, un político responsable convocaría elecciones generales coincidiendo con las europeas. Es obvio que no es el caso de Sánchez, el que se refugia en el barro repiqueteando con el novio de Ayuso, calumniando a la mujer de Feijóo mediante Infolibre, para desviar la corrupción que lo acorrala, la de Koldo, Armengol, Ábalos, la más sangrante, la del tráfico de influencias que supuran las gestiones de su mujer, lo nunca visto en democracia. Es tan caradura y tan carente de límites Sánchez, que el pasado miércoles acusaba en el Congreso, él, a Feijóo, de embarrar la política (sic). Hará lo que sea para ir tapando su corrupción. Poniendo a los equipos de Moncloa a grabar su aquelarre con los huesos y las calaveras de Cuelgamuros; paseando a Franco ante sus descamisados. Sánchez no fue elegido para gobernar sino para evitar que gobernara Feijóo. Fue elegido para aprobar la ley de amnistía y quizá el referéndum de autodeterminación. No convocará unas elecciones que perderá. Antes incendiará el país. No hay mayor desgracia para España que este autócrata narciso y populista.

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