Alarma roja en RTVE

Lo que ha escenificado el consejo de administración de RTVE durante la semana de Pasión ha sido un auténtico reality show: intriga, giros de guion, soberbia, revancha y temeridad. Desde luego, todo menos ejemplarizante. Sinceramente, no cabe este comportamiento en un consejo que maneja 1.100 millones de euros anuales y cuyos contenidos alcanzan a casi todos los españoles. He leído que algunos expertos han llegado a comentar, no sin cierta sorna, que si se hubiera emitido ese consejo en forma reality hubiera tenido éxito, porque la cascada tuvo todos los componentes escabrosos requeridos. Pero eso es irónico. Lo que importa en este caso es que se han puesto de manifiesto los graves problemas de fondo que aquejan a los medios audiovisuales del Estado. Y que no presagian nada bueno.

Este show tiene que ver con dos problemas endémicos de nuestro sistema democrático. Por un lado, revelan la presunta tendencia del intervencionismo partidista en instituciones que son del Estado. Y, por otro, sacan a la luz que no se suele respetar por parte de la política la independencia que corresponde a ciertos órganos del Estado. Es cierto que estos problemas son casi endémicos en casi todos los medios públicos europeos —incluso en la tan citada y, a veces, envidiada y mitificada BBC—. Pero, la verdad, repasando la historia europea, me cuesta identificar un suceso tan escabroso y, al mismo tiempo, tan ilustrativo como esta especie de clímax narrativo en RTVE, con un estilo híbrido entre sucesos de Puerto Hurraco y las películas de El Padrino. Pero, ¿qué ha podido suceder para llegar hasta aquí?

La respuesta no es difícil: se trata de los incumplimientos sistemáticos de las normas y leyes. Por muchas leyes que se promulguen sobre la independencia de RTVE, si la cultura política y el comportamiento de los electos no se modifica, todo falla estrepitosamente. Mientras en la política prevalezca el sectarismo partidista y un cierto fanatismo alentado por la polarización, el intervencionismo dirigista tenderá siempre a acabar con la independencia institucional. Y mientras el comportamiento de los electos —con honrosas salvedades— se rija más por el espíritu de servidumbre voluntaria que por el del interés general, la idea de servicio público puede acabar en ruinas.

Es esto lo que todos los analistas —de todos los colores— han venido denunciando con relación a RTVE. Un medio público que no debería someterse al intervencionismo ni a la polarización partidista, ni al tribalismo corporativista.

Si esto sigue así, ¿dónde puede acabar todo? No hay que ser adivino para responder. Primero, en el desprestigio de un servicio público como el de RTVE. Luego generará un estado de decepción y desconfianza en la opinión pública, especialmente ante sus informativos (y esto, pese al encomiable esfuerzo que hacen todos los días los profesionales). Y de aquí, con el paso del tiempo, puede pasar, incluso, que en alguna coyuntura adecuada, alguna fuerza política proponga la privatización total o parcial del medio, o, como piden desde la extrema derecha, sencillamente su extinción.

Llegados a este extremo, el daño puede ser irreparable. Daño a la democracia, porque esta se deteriorará por falta de una esfera pública inclusiva y compartida. Y daño a la sociedad ya que, sin un espacio común y plural, la tendencia a la fragmentación social seguirá progresando.

Pero, ¿está todo perdido o cabe hacer algo?

Claramente, rectificar. Rectificar seriamente, tanto el consejo de administración como sus autoridades de tutela, y por supuesto las autoridades gubernamentales. Hay que volver al parlamento. Hay que aprobar un nuevo consejo (renovado en lo que toca) y elegir al presidente por dos tercios, y respetando el resultado del concurso público, o tras otro nuevo. Es el único camino. Lo que no cabe hacer de ningún modo es volver a imponer una administradora única, que los tribunales califican ya de procedimiento inconstitucional, ni, por supuesto, insistir en convertir permanente las interinidades. Recuérdese como motivo de escándalo que en los últimos años, por 18 meses de titularidad de la persona elegida por las Cortes como presidente, ha habido cuatro años y medio aproximadamente de interinidad. ¿No es perverso que la interinidad se pueda haber convertido en regla y en procedimiento de gobierno?

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