Destapar las mascarillas de la vergüenza

La presunta trama que se enriqueció con la venta de mascarillas , conocido como ‘caso Koldo’, exige un esclarecimiento hasta sus últimas consecuencias, como corresponde a todo episodio corrupto, con el agravante en esta ocasión de que se especuló ante la desesperación colectiva en los peores momentos de la pandemia. Dos años de investigación a partir de una denuncia del Partido Popular han permitido acreditar indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en contratos con diferentes administraciones que superan por ahora los 50 millones de euros, de los que se habrían distraído en beneficio propio unos 15. Los tentáculos del clan de Koldo García se extendieron a Balears de la mano del entonces todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que lo elevó de chófer a asesor y ahora se muestra sorprendido. Sin embargo, en aquellos días, fue el propio Ábalos quien condujo al Govern de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, a la contratación que ha colocado a ambos en el punto de mira político, además de Pedro Sánchez.

Los socialistas baleares argumentan que la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones a la empresa investigada obedeció únicamente al interés por salvar vidas, por adquirir material protector como fuera en un momento de máxima dificultad y desabastecimiento, que actuaron de buena fe y que eran totalmente ajenos a la trama. Como principal defensa, esgrimen que incluso iniciaron un expediente de reclamación por valor de 2,6 millones de euros al ver que las mascarillas servidas no eran las contratadas, FFP2, que eran quirúrgicas y tenían menor nivel de protección. El relato queda ensombrecido por la posterior secuencia temporal. Pese a haber sido alertado en junio de 2020 del fraude en el género por el análisis del Ministerio de Trabajo, pese a haber sido advertido en enero de 2021 por la Oficina Anticorrupción de la sospechosa reputación de la sociedad y pese a haber recibido la visita de la Guardia Civil en julio de 2022 para pedir el expediente por indicios delictivos en otros territorios, no fue hasta marzo de 2023, a dos meses de las elecciones, cuando el IB-Salut dio el primer paso, anunciando una reclamación al proveedor. La cantidad se substanció el mismo día en que Francina Armengol pasaba el testigo de presidenta a Marga Prohens, tras una agónica investidura. ¿Por qué esa espera? El auto del juez Ismael Moreno revela que el clan de Koldo maniobró sin éxito para que Armengol desistiera en su reclamación, por tardía que fuera. También apunta que el procedimiento podía decaer si no había un pronunciamiento expreso de la administración balear antes del pasado 18 de enero, como el magistrado barrunta que ha ocurrido por los movimientos de los implicados. ¿El Govern del PP ha dado los pasos pertinentes o se ha dejado pasar la oportunidad de recuperar los 2,6 millones? Muchos interrogantes por resolver, muchas caras por destapar tras las mascarillas de la vergüenza. Hay que llegar hasta el final.