«Terrorismo», «traición» y otras falacias

El último subterfugio que se ha inventado Pedro Sánchez, necesitado de tranquilizar a Junts y conseguir la aprobación de la ley de amnistía, ha sido la posibilidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los plazos de la instrucción judicial.

Dado que uno de los muchos escándalos del caso Tsunami es, justamente, el alargamiento de la instrucción, parecería que la jugada de Sánchez tendría sentido. De hecho, Gonzalo Boye ya ha denunciado en un recurso que el juez ha agotado plazos, no ha respetado los procesos de instrucción -por ejemplo, no tomar declaraciones a los imputados durante el proceso de instrucción, o sacarse testigos del sombrero- y las prórrogas se han impuesto de manera irregular. Por eso mismo, ha presentado un recurso que considera que «todo lo que se ha acordado como diligencia de instrucción y actuado con posterioridad al 29 de julio del 2021 es nulo de pleno derecho». Sin embargo, en el territorio de los jueces patrióticos la seguridad jurídica es una quimera, y lo que quieren es lo que pasa, y no lo que tendría que ser.

Y lo que pasa es meridianamente claro. Hay unos determinados jueces, comprometidos con el llamamiento aznariano a la rebelión contra la amnistía -alimentada por un insano sentimiento vengativo-, que han decidido que todo vale para inutilizar uno de los acuerdos políticos más importantes desde la Transición. Y es tal la osadía que no tienen escrúpulos en banalizar irresponsablemente el terrorismo, inventarse muertos, buscar el oro de Moscú en las calles de Barcelona y resucitar la «traición a la patria» del cementerio de la historia. «El que pueda hacer, que haga», dijo el gurú de la secta en una arenga con aires golpistas, y los García Castellón de turno se pusieron a trabajar.

Dice Pedro Sánchez, y los socialistas y la inmensa mayoría de la gente decente que no quiere jugar con cuestiones trágicas para hacer un juego político infame, que el independentismo no es terrorismo. Se agradece la obviedad, ¿pero importa algo esta afirmación? Porque tampoco era rebelión, y tuvimos un Tribunal Supremo llevando esta barbaridad hasta el extremo. Y también era un disparate encarcelar a líderes civiles democráticos y tuvimos a los Jordis en prisión. O encarcelar a la presidenta del Parlament por permitir debates parlamentarios y Carme Forcadell fue sentenciada, y así un largo etcétera. Si algo hemos aprendido desde 2017 es que, para estos salvadores de la patria irredentos 2.0., perfectamente insertados en la peor tradición de la historia negra, no importa la verdad, ni tampoco importan los hechos, solo importa de qué manera pueden ser reprimidos.

Esta es la cuestión: hay una revuelta reaccionaria contra el juego democrático de alianzas y las leyes parlamentarias que se derivan de él. Y esta sublevación golpista usa los instrumentos democráticos para entorpecer y paralizar la política. Por mucho que no haya ningún indicio de terrorismo en el ‘procés’ catalán, ni en las protestas ciudadanas que se derivaron de él, igualmente hay todo un artefacto político, mediático y judicial que no se bajará del burro. Solo hay que ver la delirante instrucción de García Castellón y cómo ha adecuado el calendario a las exigencias políticas. Incluso, tal como pasó en el juicio del ‘procés’, ha usado a la extrema derecha permitiendo que Vox y los ultras de Dignidad y Justicia se personaran en la causa para mantener la acusación de terrorismo, y así impedir que se remitiera la instrucción a Barcelona por desórdenes públicos.

Así las cosas, dejar la ley tal y como está es un suicidio. No solo porque las decenas de personas que están en los sumarios Tsunami y CDR quedarán a la intemperie -y de ahí la comprensible fuga de Ruben Wagensberg, a Suiza-, sino porque, si les sale bien la jugada, el término terrorismo se utilizará para reprimir cualquier protesta posterior. Si bien se puede entender la prevención de Pedro Sánchez, no tiene otro remedio que incluir estos dos supuestos, terrorismo y traición, en la ley de amnistía. Al final, si está tan seguro de que no se perpetraron estos dos delitos, ¿qué problema hay en especificarlos en la ley? Solo es una amnistía para el ‘procés’ catalán, y todos los represaliados tienen que quedar dentro de la ley, o no cumplirá el propósito por el cual se aprueba. Nadie puede quedar fuera. Este fue el acuerdo. Esta tiene que ser la ley.

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