Jueces y mayoría política

La ley de amnistía se ha convertido, durante su tramitación, en un verdadero quebradero de cabeza que no solo amenaza la continuidad del Ejecutivo sino que ha provocado un grave enfrentamiento entre este y la mayoría política que lo sustenta con el poder judicial.

La negativa de Junts per Catalunya a aprobar al dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, decisión que hubiese dado luz verde a la ley de amnistía, por mucho que se interprete como una prórroga para seguir negociando, lo cierto es que supone un nuevo revés para el Gobierno tras el susto de la convalidación de los reales decretos-ley que revela, no solo la debilidad del Ejecutivo, sino la ausencia de una mayoría que lo sustente, sin que exista la posibilidad de geometría variable. Teniendo en cuenta, además, que es precisamente esta ley la que ha de permitir la continuidad de la legislatura, de persistir el rechazo, el presidente del Gobierno, de acuerdo con el espíritu del sistema parlamentario, debería someterse a una cuestión de confianza que ratificase, en su caso, no solo la existencia de una mayoría parlamentaria que lo apoya sino la orientación política de la misma.

Sin embargo, más preocupante que el mantenimiento del Gobierno es el deterioro de las relaciones que se está produciendo entre el poder judicial y el Gobierno y la mayoría de los partidos que lo sustenta. Y eso se debe, en gran medida, al aval que ha supuesto el hecho de que Pedro Sánchez no solo haya cambiado de opinión respecto a la amnistía sino que, fruto del acuerdo con Junts, también haya asumido la idea de lawfare aplicada al procés soberanista, tal como han venido defendiendo sus promotores. Una asunción que implica trasladar a los jueces la responsabilidad del procés y de sus consecuencias y considerarlos prevaricadores, acusación que ha sido incluso vertida desde la tribuna del Congreso sin que se haya visto acompañada de la pertinente denuncia o de la reprobación por parte del PSOE, un partido que hasta hace muy poco parecía confiar en las bondades de la justicia española.

Ciertamente, algunas de las últimas actuaciones judiciales, como la imputación de Puigdemont, las acusaciones de terrorismo o las prórrogas a las diligencias han tenido lugar en paralelo a decisiones políticas, lo que puede contribuir a alimentar esa sospecha, siempre que se ignore que los procesos judiciales están sometidos a sus propios calendarios y que los jueces en los sistemas democráticos no se supeditan a los tiempos políticos. Por ello, la criminalización del poder judicial que se está llevando a cabo desde el Gobierno y desde la mayoría parlamentaria constituye una deriva iliberal, al igual que lo fue el procés. Y si ello viene precedido de la voluntad de amnistiar a políticos que intentaron subvertir el orden constitucional, y se preña de reformas legislativas que pretenden reducir el margen de actuación de los jueces con la perversa idea del blindaje, se agrava la deriva que un partido de larga tradición democrática, como es el PSOE, no debería permitirse.

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