Baleares ante la reforma del modelo de financiación

La reforma del sistema de financiación vuelve a la primera línea del debate político, como consecuencia de las negociaciones emprendidas por el PSOE para allanar la investidura de Pedro Sáncheztras los ajustados resultados del 23J. El modelo vigente, que data de 2009 y debía actualizarse cada cinco años, no se ha revisado nunca y es motivo permanente de discordia entre comunidades autónomas, con reclamaciones más centradas en las singularidades comunes que en los alineamientos políticos. La España despoblada y dispersa frente a la España saturada, por ejemplo. Si en estos años ni populares ni socialistas han afrontado la reforma reclamada de forma unánime por expertos y territorios, un contexto político mediatizado tanto por los pactos para la gobernabilidad y las exigencias de negociación unilateral de Cataluña, como por el virtual Ejecutivo central de izquierdas con once autonomías conservadoras, parece poco propicio para lograr un acuerdo que satisfaga a todos y que se cierre en tiempo récord, pero se intenta. El Govern balear debe jugar sus cartas anteponiendo los intereses de los ciudadanos de las islas a cualquier otra consideración. A eso se comprometió la presidenta Marga Prohens en su discurso de toma de posesión y ese espíritu transmite el vicepresidente Antoni Costa. En esa línea deberían mantenerse también los partidos de la oposición. No sería aceptable plegarse a intereses partidistas de bloques, como apunta Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid, ni a una quita de la deuda catalana como exige Pere Aragonés, si no se aminora también la balear y la de comunidades objetivamente infrafinanciadas. La supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, acometido por Balears siguiendo la senda de otras comunidades populares, también puede pasar factura en la negociación, ya que los territorios que lo mantienen no entenderían que se atienden reclamaciones para cubrir gastos de quien renuncia a su capacidad de generar ingresos por no sufrir el desgaste político de cobrar impuestos.

Aunque en los últimos años se ha avanzado positivamente, múltiples estudios sitúan a las islas como uno de los territorios con una asignación de recursos más deficiente. Los últimos datos del ministerio de Hacienda correspondientes a 2021 concluyen que Balears es la segunda comunidad en aportar y la novena en recibir. Por cada 3.248 euros por ciudadanos que se enviaron a Madrid, retornaron 2.910. Aunque expertos como Guillem López-Casanovas ven el sistema obsoleto y propugna cambios profundos que den la opción de vincular el gasto a la capacidad recaudatoria, con ajustes de nivelación, la ministra en funciones María Jesús Montero ha puesto sobre la mesa el modelo que presentó y no prosperó en 2021, con algunas novedades. Quiere dar más relevancia a criterios sociales como el gasto en sanidad, educación o dependencia, y prevé elevar del 3% al 4% el peso ponderado de las variables correctoras, como la insularidad, que rigen hoy en el cálculo de la población ajustada. Habrá que esperar mayores concreciones y, si llega el momento, hacer muchas cuentas y no bajar la presión para conseguir un reparto equitativo, solidario y más justo para Balears.