Algo más que trámites

Para la aprobación de una ley —sea estatal o autonómica— generalmente es necesario un largo proceso de elaboración y tramitación, que empieza en el momento en que se detecta una necesidad pública y se redacta un borrador de la norma, que luego se convierte en un anteproyecto, el cual, una vez aprobado por el correspondiente gobierno, se convierte en un proyecto de ley, para su remisión al parlamento. Una vez en el órgano legislativo, continúan los trámites mediante la presentación de enmiendas y demás, hasta que el proyecto se convierte en texto legal. A partir de aquí, y tras su publicación oficial, comienza el período de vigencia y su contenido es aplicable a la ciudadanía.

Y lo mismo sucede en el caso de un reglamento, una ordenanza municipal o un plan urbanístico, en cuyo proceso de tramitación suele haber una aprobación inicial y otros trámites en los que pueden intervenir los ciudadanos, entidades sociales y los representantes políticos.

Se trata, en suma, de procedimientos relativamente complejos y cuyo resultado puede depender de múltiples factores, sin que pueda darse nada por sentado hasta que el texto se aprueba finalmente y se inserta en el correspondiente boletín. En ese momento, la norma existe, con un determinado contenido, pero no antes.

En cambio, es muy común que los dirigentes políticos aparezcan formulando anuncios de normas o planes futuros como si ya estuvieran inmediatamente en vigor, lo cual es recogido así por los medios de comunicación, dando lugar a una inexacta información y creando la consecuente confusión en los ciudadanos, que creen que lo que alguien ha dicho en el Telediario ya se aplica inmediatamente. Basta ver cualquier noticiero cuando da cuenta de los asuntos tratados en un consejo de ministros, consejo de gobierno o pleno municipal: se realiza un gran despliegue informativo —con cuadros, esquemas, etc.— explicando que se ha aprobado una ley (cuando en realidad sólo se ha aprobado el proyecto que se remite al parlamento, o incluso, un simple anteproyecto) y dando cuenta detallada de las medidas que contiene, como si ello fuera ya definitivo y aplicable.

Ese modo de proceder, políticamente comprensible cuando se trata de anunciar medidas que se cree que van a ser bien acogidas, da lugar a confusión, pues la gente cree que aquello ya rige desde ese momento, cuando lo cierto es que va a tardar un tiempo —casi siempre, muy dilatado— si es que llega a aprobarse de esa manera (lo que no siempre sucede, claro). Además, actuando de esa forma, se está minusvalorando el papel del poder legislativo, que es el que, en definitiva, tiene la última palabra y va a ser el que apruebe el texto definitivo, cuyo contenido puede diferir —y mucho, pues se suelen introducir cambios durante el proceso— de lo propuesto en principio.

En definitiva, si se pretende que el ciudadano esté correctamente informado —y así pueda expresar sus opciones políticas con más conocimiento de causa— habría que procurar que no se produzca la confusión a la que me refería antes, dejando clara la diferencia entre aquello que ya está en vigor y es aplicable y lo que simplemente es un proyecto o propuesta de futuro, por mucho interés que tenga el gobierno de turno en hacer creer que aquello rige desde ya. Y más aún, en período preelectoral, como el de ahora.