La alimentación es un derecho humano

El 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En torno a este día leía en la prensa que la cesta de la compra en Baleares es un 70,12% más cara que hace un año. También leía que peligra la porcella en las comidas de Navidad. Leía que Baleares estamos a la cabeza de España en el consumo de alimentos ultraprocesados, y que una empresa líder en el sector agrario de Mallorca dona su excedente y los productos que no cumplen los cánones estéticos del mercado, a varias ONGD, que nos recuerdan que el número de familias demandantes de ayuda alimentaria crece sin cesar. Es casi de locura, pero todo tiene relación. Los alimentos, además de una mercancía que se compra y se vende, son un derecho humano, y este derecho se ejercita a partir de los alimentos que salen de las manos de unos profesionales que se dedican a producirlos y que merece una renta digna por ello. Lo bonito de este derecho es que en su desarrollo se combinan el derecho de los y las productoras a seguir produciendo los alimentos y el derecho de las personas a acceder a ellos.

La consolidación de la alimentación como derecho humano ha seguido un largo camino desde su reconocimiento en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en el año 1966 lo concretó en su artículo 11. Más tarde en el año 1999, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas aprobó la Observación General Nº 12 que desarrolló de manera detallada su contenido. La FAO en el año 2004 aprobó las «Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional». Un instrumento dirigido a los estados, que no olvidemos, son los responsables de respetar, proteger, facilitar y hacerlo cumplir. Finalmente, el 25 de febrero de 2013 nuestro BOE publicó el Protocolo Facultativo para la aplicación del PIDESC, que permite, por fin, la justiciabilidad de los DESC.

Pero este marco internacional no es suficiente para hacer frente a situaciones como las que vivimos en la actualidad. Una inflación del 15,4% en los alimentos pone en peligro el derecho a la alimentación adecuada de una parte de la población. Mientras que las medidas económicas impulsadas por el gobierno han logrado doblegar la inflación de nuestro país hasta situarla en el puesto más bajo de la Unión Europea con un 6,6%, los alimentos se resisten a la desescalada. Después de tantos meses de precios desbocados, algo habrá que hacer y seguro que en el próximo paquete anticrisis que el gobierno anunciará antes del 31 de diciembre, incluirá alguna medida en esta dirección.

Los avances nacionales en el desarrollo del derecho a la alimentación también existen. La experiencia de otros países pasa por la aprobación de una «Ley marco estatal de derecho humano a la alimentación». Pero siendo que muchas de las actuaciones concretas que formarían parte de la ley son competencias autonómicas, hay un segundo escalón necesario en el desarrollo de una «Ley autonómica del derecho humano a la alimentación». Esta ley tendría un contenido amplio y sobre todo de carácter incentivador. Abordaría cuestiones como la compra pública alimentaria, la promoción del producto local, la dieta mediterránea, la alimentación saludable y sostenible en colegios, hospitales, residencias o centros de día, el desperdicio alimentario, las medidas concretas para lograr que toda la sociedad, especialmente los grupos más vulnerables, pueden ejercerlo de forma digna, los sistemas de asistencia y ayuda alimentaria, la donación de alimentos, las medidas concretas para favorecer que las explotaciones agrarias y empresas agroalimentarias pueden canalizar sus excedentes de manera más efectiva o el apoyo a las entidades sociales que se dedican a esta labor. Pero todo ello, con la potencia que infunde el estar impulsando un derecho humano.