Baleares ha logrado, al fin, cerrar un acuerdo concreto sobre la aportación del Estado a los costes de la insularidad. Con el escenario de Raixa de fondo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió el jueves, en nombre del Gobierno, a enviar 110 millones anuales durante los próximos cinco años, más otros 73 adicionales correspondientes al ejercicio en curso y del anterior.

Esta aplicación del Régimen Especial de Baleares es, sin duda alguna, un logro sin precedentes que responde con excesiva demora a una aspiración de este archipiélago, tan vieja como justa. El avance puede atribuirse a la persistencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en unas negociaciones que, según todos los indicios, ha sido necesario establecer directamente con Pedro Sánchez porque, como atestiguan las hemerotecas, la titular de Hacienda no acumula un historial especialmente sensible con la realidad económica y social de Baleares. La consellera Rosario Sánchez parece haber desempeñado un papel de soporte técnico sustancial en este avance del REB.

Reconocidos estos logros, hay que dejar por sentado también que con ellos no se pueden dar por colmadas todas las expectativas y necesidades que afectan a Baleares. Hablamos de una deuda histórica que ahora se salda de forma parcial por un plazo máximo de cinco años que, una vez vencido, deberá ser negociado de nuevo. Además, según las explicaciones de la ministra Montero, se parte de las aportaciones del Estado a otras comunidades autónomas y no de las necesidades específicas de este archipiélago. Baleares sigue a remolque del resto de territorios autonómicos.

Aunque no se ha querido reconocer –cuando se ha interpelado por ello al Gobierno se ha optado por la evasiva– todo apunta a que el recurso de incostitucionalidad interpuesto por treinta diputados autonómicos ha sido determinante para el reconocimiento, en términos económicos de la insularidad balear. PP, Més per Mallorca, Més per Menorca, Ciudadanos y El Pi mantienen sus suspicacias. No retiran el recurso porque consideran poco consistente el acuerdo alcanzado y escasos los 183 millones pactados con la ministra Montero.

Hay que tener en cuenta, que para su gestión el Govern dispondrá de un margen de maniobra limitado. Podrá presentar proyectos, pero su supervisión y control se queda en manos de Madrid.

La falta de una legislación fiscal específica para Baleares estanca sobre la fragilidad el éxito relativo alcanzado ahora. La propia redacción del decreto ley del REB mantiene abiertas las posibilidades de defensa del Estado al especificar que todo se hará «en función de las posibilidades presupuestarias».

En cuanto a las posiciones fijadas por la oposición ante este avance real pero no definitivo, sorprende la actitud escéptica y un tanto beligerante del PP, sobre todo si se tiene en cuenta que durante sus estancias en el Consolat de Mar ni siquiera llegaron a reunirse las comisiones bilaterales del REB. Ahora, por lo menos la ministra Montero ha venido a Mallorca y ha sellado una concesión concreta. De los errores también se aprende. Cabía esperar una mayor lealtad y actitud de soporte de la derecha para poder avanzar en la consolidación de un logro que marca un antes y un después. Baleares se juega mucho, demasiado, en ello.