El cambio de denominación de una docena de calles de Palma, iniciado esta semana por el Ayuntamiento, se ha demostrado repleto de incongruencias, vaguedades y errores de tal calibre que, al final, no ha quedado más remedio que paralizar la modificación de placas emprendida. Una cuestión tan sensible, basada en la necesidad de aplicar la Ley de Memoria Histórica y con ello borrar de la vía pública el nomenclátor de signo o connotación franquista, requería mejor tacto y mayor rigor. Por contra, a medida que se iban generando dudas y arreciaba la polémica, Cort ha exhibido, principalmente por boca de los ediles Alberto Jarabo y Llorenç Carrió, un comportamiento arrogante, próximo al autoritarismo, que en nada ha ayudado a la imagen de Palma y ha acabado molestando y confundiendo al ciudadano. Era todo evitable con mejor actitud y admitiendo ayuda coordinada.

Solo cuando el Govern ha propuesto directamente la revisión del censo de calles franquistas, que él mismo promovió, el alcalde, José Hila, ha reconocido la existencia de «dudas razonables», ha ordenado suspender el cambio de placas y se ha dirigido a la comisión municipal de toponimia para que incremente el número de mujeres en la nuevas denominaciones. Esa es otra, un ayuntamiento que dice perseguir la paridad y se declara activo en la causa feminista solo había incorporado a tres mujeres en la lista de doce cambios propuestos.

La mala praxis ha sido de tal dimensión que sobrepasa el ámbito municipal de Palma, pero también es cierto que el debate político y mediático suscitado perjudica sobre todo a la capital balear porque ella ha sido el escenario de unas prácticas que se muestran chapuceras por haberse dejado impregnar de ignorancia histórica y sectarismo.

Ha quedado claro que el censo de elementos de simbología franquista que a finales de la legislatura pasada adjudicó por 14.980 euros la consellera Fanny Tur al historiador Bartomeu Garí, y en el que también han trabajado Manuel Suárez y Marçal Isern, en el mejor de los casos flaquea por inconsistencia. La Comisión Técnica de Memoria y Reconocimientos Democráticos tiene ahora ante sí un importante trabajo de revisión y rectificación. También el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, en una labor que no puede esquivar las responsabilidades económicas y políticas que sin duda se derivan del despropósito vivido esta semana.

Es obligado retirar los nombres franquistas de las calles de Mallorca en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por unanimidad en el Parlament balear. Actuar, aunque sea por mera coincidencia, en época de pandemia, con la crisis económica y social que ello comporta, reclama explicación, buen tacto y honestidad.

Con el buen uso de estos elementos los vínculos de Toledo con la guerra civil no hubieran pesado más que el buen nombre de la ciudad histórica y se hubieran evitado choques institucionales entre ambos ayuntamientos. Lo mismo podríamos decir del Castillo de Olite. El censo defectuoso en cuestión tampoco ha tenido en cuenta el significado pleno de los nombres de los almirantes Churruca, Cervera y Gravina. Tras el ridículo, Hila acierta al parar el despropósito para afinar.