El Congreso de los Diputados aprobó el jueves pasado la proposición de ley presentada por el PSOE para despenalizar y regular la eutanasia en España. Se espera que la nueva norma pueda entrar en vigor a partir del próximo mes de marzo, una vez que haya superado los trámites del Senado. Significa la culminación de un largo proceso, una lucha de un sector importante de la sociedad. En la memoria colectiva han quedado instalados los nombres de personas como Ramón Sampedro, Ángel Hernández o Luis Montes para identificar la defensa de una muerte digna sin padecimiento injustificado.

El trámite de la ley no ha estado exento de apasionados debates parlamentarios y de manifestaciones de colectivos en pro y en contra de la eutanasia. Ha salido adelante con una mayoría de 198 votos y el rechazo del PP y Vox. No se puede obviar, por otro lado, que según estadísticas oficiales recordadas esta misma semana en el Congreso, el 84% de los españoles se muestran partidarios de dar soporte legal a la muerte asistida cuando hay sufrimiento y se han agotado todos los recursos médicos de curación. Philippe Pinel, un médico francés fallecido en 1826, ya escribió en su época que tan buen arte es saber administrar los medicamentos como omitirlos o suspenderlos en el momento oportuno.

Sin duda estamos ante una ley importante que supone un avance humano y social, que hay que saber contemplar de forma serena y desapasionada y mantener en la dimensión adecuada. Tal como se ha planteado, la ley de la eutanasia será garantista, una prestación integrada en el Sistema Nacional de Salud, capaz de respetar la libertad propia y la de los demás. Nadie se someterá a ella a la fuerza, pero sí podrán hacerlo las personas sujetas a una enfermedad grave e incurable para evitarse «un padecimiento crónico e imposibilitante». Es la confianza y la tranquilidad de que cada uno podrá morir como quiera, en función de su realidad, principios y situación personal.

Cabe resaltar, por otro lado, que se han establecido suficientes sistemas de control. La voluntad de someterse a la eutanasia deberá quedar clara en un testamento vital en caso de incapacidad y si se mantienen las facultades. Expresarse de manera clara por dos veces en un periodo de quince días. Será revisada por dos médicos en una primera fase y después por una comisión de garantías. También está contemplada la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la sanidad. No parece que se puedan albergar dudas en cuanto a la intención de asegurar la libertad y la responsabilidad de todos por parte del legislador.

El episcopado español ha mantenido una actitud beligerante con respecto a la ley. El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, escribía esta semana que supone un recorte de libertades y «deshacer el espíritu fraternal y democrático». Sin embargo, la posición de la jerarquía no puede identificarse como la de todos los creyentes. También desde una óptica cristiana, el médico Antón Soler, portavoz de Derecho a Morir Dignamente en Balears, ha reclamado una mejor actitud compasiva y algunas corrientes teológicas, nada oficialistas eso sí, no han visto razones religiosas, éticas, jurídicas o políticas para oponerse a la eutanasia. El jesuita Juan Masià, experto en bioética tacha de «flaco favor a la defensa de la vida calificar de homicidio» la regulación legal que ha aprobado el Congreso de los Diputados