Desde la fundación de la democracia, el número de coches oficiales de la administración central del Estado ha crecido espectacularmente, a pesar de que la construcción del Estado de las Autonomías ha vaciado de contenido al viejo aparato administrativo estatal.
De esta evidencia, podría parecer que durante el desarrollo del régimen político se fue generalizando el uso de coche oficial hasta alcanzar a más niveles de la escala administrativa pero no ha sido así: en términos generales, siempre han disfrutado de coche con chófer los mismos: directores generales, secretarios generales, subsecretarios, secretarios de Estado y ministros.
¿Por qué, pues, había crecido el parque móvil hasta adquirir dimensiones de escándalo? Pues porque se había incrementado el número de altos cargos hasta límites injustificables.
En definitiva, el recorte de ahora, todo lo plausible que se quiera, no ataca al problema principal: lo que sobraban no eran coche oficiales sino usuarios de tales vehículos. En cierto modo, es todo un símbolo de la nunca realizada reforma administrativa: se eliminan los lápices pero no los amanuenses.
