El nuevo gobierno no sólo tendrá que tratar de paliar los estragos provocados por siete años y medio de desmerengamiento de su antecesor, sino también deberá afrontar con valentía y decisión los graves problemas estructurales que aquejan a España.
Tres millones de funcionarios, cinco millones de parados y más de diez millones de personas mayores de 64 años perfilan un horizonte muy poco halagüeño que únicamente podría mejorar si se produjera un fuerte aumento de la productividad de nuestra economía. El problema es que los mimbres necesarios para tejer ese cesto son de muy mala calidad. Un régimen de horarios de trabajo contraproducente lo dificulta; un marco de relaciones laborales obsoleto y heredado del franquismo obstaculiza la creación de empleo; el empecinamiento de unos sindicatos politiqueros y subvencionados contribuye también a ello y, para colmo, la calidad del material humano deja mucho que desear como consecuencia de un sistema educativo tan politizado como ineficaz, como revelan los informes PISA. Mientras los países que ocupan los primeros puestos en su clasificación muestran tasas de crecimiento positivas e incluso llamativas, en el nuestro la producción industrial cayó un 5,7% en el último año y el PIB apenas aumentó un 0,7%. No es de extrañar que medios solventes como The Economist califiquen de "aterradora" nuestra perspectiva histórica.
La tarea que aguarda al nuevo gobierno es ciclópea y se verá agravada por las algaradas y zancadillas de quienes no son, o no quieren ser, conscientes de la extremada gravedad de nuestra situación, que no sólo afecta a la economía, sino también al entramado institucional y a un sistema de valores hedonista que hace que nuestra tasa de natalidad no alcance la de reposición. Casi simultáneamente, tendrá que modificar nuestra disparatada y costosísima política energética, nuestro contraproducente marco de relaciones laborales, nuestro fracasado modelo educativo, nuestro injusto sistema tributario, nuestro disolvente marco institucional, nuestra politizada y lentísima administración de justicia y los descabellados brindis al sol de un Estado de Binestar inasumible en el que se sigue queriendo, pero no pudiendo, que impere el gratis total.
A lo anterior hay que añadir la imperiosa necesidad de erradicar con firmeza la corrupción inherente a un modelo económico intervencionista: entre Kazajstán y Kuwait, ocupamos el puesto 62 en la clasificación mundial de facilidad para crear empresas y en el de corrupción hemos pasado del puesto 22 en 2004 al 32 en la actualidad. Es para compadecer al nuevo gobierno y recordarle aquello que mencionaba Gayo de la damnosa hereditas.
