Pese al sorprendente resultado del último sondeo del CIS, que otorgaba una leve ventaja al PSOE sobre el PP, la gravedad de la recesión y la situación negativa de los grandes indicadores –el paro en primer lugar– hacen temer a los socialistas una derrota en toda regla en las elecciones europeas del 7-J. En este marco, la decisión de Zapatero de adelantar el gran debate sobre política general a estas vísperas de la campaña electoral europea ha de deberse por fuerza al deseo de clarificar la dialéctica ideológica y de dar visibilidad a las dos opciones de gestión de la crisis que se ofrecen a la opinión pública. La "socialdemócrata", basada en el mantenimiento del gasto social y la inversión productiva con cargo al déficit público, sin reformar la legislación laboral ni reducir impuestos, y la "neoliberal", consistente en reducción de impuestos y en las eufemísticamente llamadas reformas estructurales, que consisten en el abaratamiento del despido y en la contención del gasto. En definitiva, políticas de demanda (PSOE), utilizadas profusamente en EEUU y en la UE, frente a políticas de oferta (PP)..
En definitiva, todo indica que Zapatero pretende explicitar y concretar su política "izquierdista" frente a la crisis, con los mensajes ya conocidos: negativa a cualquier reforma que no tenga el beneplácito de los sindicatos (requisito necesario pero no suficiente para evitar la huelga general); mantenimiento del gasto social; fuerte inversión pública para cebar la bomba de la inversión privada; y la propuesta estrella, subsidio a los desempleados que hayan agotado el plazo de prestación, en colaboración con las comunidades autónomas. Estas ayudas, del orden de 400 euros mensuales a los parados que no tengan cargas familiares, son por lo demás indispensables si no se quiere convertir a este país en un avispero social al borde del estallido.
Lógicamente, en este empeño Zapatero tratará de seducir a la izquierda parlamentaria (IU, ERC, BNG), que sin embargo no parece dispuesta a prestarle apoyo. Y tendrá enfrente a las formaciones nacionalistas: PNV por razones obvias y CiU por causa de la financiación autonómica. A menos, claro está, que el presidente realice algún anuncio espectacular sobre este asunto que satisfaga a CiU, algo francamente improbable dado que el modelo de financiación está en plena negociación. Lo inexplicable es que Zapatero no haya resuelto este diferendo antes del gran debate, pero a lo que parece su deseo de plantear y confrontar las bases programáticas ha podido más. A su favor está la evidencia de que todos los países desarrollados están practicando políticas de oferta. Y que en el reciente congreso del PPE en Varsovia, sólo el representante albanés coincidió con Rajoy en la conveniencia de bajar impuestos.
Todo indica, en fin, que el debate será abrupto, sin posibilidad de consenso porque las dos grandes fuerzas han optado por una estrategia de confrontación que no deja apenas espacios comunes, salvo, quizá, en lo tocante a la defensa del sistema financiero. En definitiva, habremos de soportar una vez más un debate electoralista en que las formaciones políticas jugarán las cartas con la mirada puesta en las europeas más que en los problemas reales del cuerpo social.
