STEI, UOB, UGT y CCOO amagan con ir a los tribunales si el plan de segregación lingüística de Baleares sigue adelante

Piden la retirada de la segregación al «no estar justificada por ningún estudio ni motivo pedagógico»

Reunión de los sindicatos con la conselleria de Educación ayer,

Reunión de los sindicatos con la conselleria de Educación ayer, / CAIB

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Los sindicatos de la escuela pública piden a la conselleria de Educación la retirada inmediata del plan de segregación lingüística pactado por PP y Vox. En caso de que la medida siga adelante y se aplique en septiembre, la mayoría de sindicatos están dispuestos incluso a llevarla a los tribunales: «Ya tumbamos el TIL hace diez años, podemos volverlo a hacer».

Así se expresó Lluís Segura, el secretario general del sindicato educativo mayoritario en Balears, el STEI, en palabras a este diario: «Si el plan va a buen puerto, iremos a los juzgados. Nuestros servicios jurídicos están empezando a estudiar el borrador. El conseller intenta minimizarlo, pero tenemos claro que esta medida no está amparada en ningún estudio pedagógico, solo se lleva a cabo por una cuestión política, y el fundamento principal, que es segregar a los alumnos por motivos de lengua, nos parece ilegal», apuntó Segura. Señaló que el sindicato lo llevará a los juzgados cuando el plan se publique en el BOIB, y lamentó los «discursos innecesarios» del conseller de Educación, «que habla de consenso cuando sabe que tiene a toda la comunidad educativa de la enseñanza pública en contra con este plan».

ANPE es el único sindicato que no baraja acudir a los tribunales, pero insistió ayer en la reunión con el conseller, Antoni Vera, que la propuesta tiene «difícil cabida» en la escuela pública, ya que los centros no tienen los recursos necesarios. El sindicato pidió una «legislatura tranquila», «evitar conflictos innecesarios» y priorizar los «problemas reales» que preocupan a los docentes.

Unió Obrera Balear (UOB) también se mostró en contra del plan y consideró que las explicaciones del conseller en la reunión de ayer fueron «insatisfactorias», dado que no detalló cuántos centros se adherirán, cuáles serán los requisitos concretos o metodologías y baremos. «No se descarta ninguna vía de oposición y nuestros servicios jurídicos estudian si podemos emprender acciones legales», señaló el portavoz de UOB, Biel Vives.

UGT también pidió la retirada de un plan «segregador y de dudosa legalidad», y de la misma forma, los servicios jurídicos ya están en marcha estudiando la medida. También se han puesto a disposición de los afiliados y del colectivo docente «para que no se vulneren sus colectivos sociolaborales». Además, consideran «discriminatorio y contrario al principio de igualdad» dotar de recursos humanos y económicos extras a los centros que se acojan al plan y avisaron de que añadirá carga burocrática a los docentes.

CCOO también estudia el plan y sospecha que vulnera varias normativas vigentes, por lo que tiene la intención de emprender acciones legales si sale adelante. «Nos mantendremos firmes en la defensa de la convivencia pacífica y el respeto a las diferentes lenguas», manifestó el sindicato, que a su vez lamentó que el conseller no fuera «capaz» de contestar qué evidencia social y objetiva motiva la