El empresario Miguel Pascual, a juicio por un delito ecológico

El empresario Miguel Pascual Bibiloni, antiguo propietario de varios conocidos locales de la Playa de Palma e implicado en el caso Cursach, se sentará en el banquillo por un delito ecológico. La Fiscalía reclama para él 15 meses de prisión por arrasar la flora y la fauna de una finca de Llucmajor para destinarlo a viñedos. Los trabajos de roturación que llevó a cabo provocaron la muerte de seis ejemplares de una especie de tortuga protegida. Pascual había sido ya sancionado años antes y obligado a restaurar los terrenos, pero hizo caso omiso a estas resoluciones de la conselleria de Medio Ambiente. Ayer se celebró una vista previa del juicio en la que la fiscal y el letrado de Pascual no alcanzaron un acuerdo de conformidad. La Fiscalía señaló el juicio para el próximo mes de noviembre.

Los hechos ocurrieron en una finca situada en el término municipal de Llucmajor. Entre 2011 y 2014, la Conselleria abrió tres expedientes contra Pascual por realizar actuaciones prohibidas en la zona de La Marina, un área declarada de especial protección. Estos expedientes acabaron con sendas sanciones y la obligación de restaurar los terrenos a su estado anterior.

"Tala abusiva de la flora"

La Fiscalía sostiene que el empresario no solo no atendió estos requerimientos, sino que volvió a llevar a cabo trabajos indebidos en esos terrenos. Al menos a partir del año 2016, Pascual procedió a «la tala abusiva de la flora» propia de ese espacio para convertirlos en viñedos. Estos terrenos son el hábitat natural de especies protegidas como el milano real o la tortuga mediterránea.

Entre 2019 y 2021, se llevaron a cabo trabajos prohibidos en 11,7 hectáreas, con labores de roturación que provocaron la muerte de seis tortugas.

La Conselleria le abrió de nuevo varios expedientes por incumplir las leyes de conservación de espacios de relevancia ambiental. En estos procedimientos administrativos, Pascual reconoció su culpa y pagó las sanciones correspondientes, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.

El ministerio público detalla además que las actuaciones de roturación y eliminación de la cubierta vegetal de la zona no podían ser autorizadas bajo ningún concepto al tratarse de una superficie forestal «consolidada desde hace más de 30 años».

La acusación imputa a Pascual un delito contra los recursos naturales por el que reclama una condena de un año y tres meses de prisión para Pascual, así como una multa de 7.200 euros y su inhabilitación para ejercer como viticultor durante un año y medio. Además, solicita que la empresa titular del terreno afectado pague otros 22.500 euros.

Juicio por corrupción

Miguel Pascual está además pendiente de juicio por la trama de presunta corrupción policial en la Playa de Palma. La Audiencia Provincial tiene previsto juzgar a partir del próximo 8 de abril al empresario, a nueve policías locales de Palma y a un empleado de Cort. Según la Fiscalía, los funcionarios dieron un trato de favor a los negocios de Pascual, entre ellos varios conocidos locales de la Playa de Palma, a cambio de servicios sexuales y consumiciones. La Fiscalía reclama condenas de entre 4,5 y 5 años de cárcel para los once procesados. Este caso es una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre las supuestas corruptelas en el seno de la Policía Local.

Suscríbete para seguir leyendo