Los promotores inmobiliarios de Baleares piden externalizar la concesión de licencias de obra a empresas privadas

La asociación balear de promotores inmobiliarios ha presentado al Govern sus propuestas de cara a la aprobación de la nueva ley de vivienda en el Parlament, y hay una que el sector destaca especialmente y que califica de fundamental si se quiere impulsar la edificación de nuevas residencias: que se autoricen las entidades de certificación urbanística.

El presidente de la citada patronal, Luis Martín, señala que se trata de organismos privados (como colegios profesionales o empresas) que, cumpliendo unos requisitos, pueden comprobar que se cumplen todos las condiciones exigidas para la construcción de un inmueble, emiten un certificado de que todo está conforme, y se deja al Ayuntamiento correspondiente el último paso para que otorgue el soporte jurídico.

Con este sistema, una licencia puede concederse en uno o dos meses, evitando el actual año de espera que se registra en muchos municipios, según subraya Martín, que pone de relieve el éxito que esta experiencia ha tenido en Madrid o Valencia, donde ya se aplica. Se trata, en definitiva, de descargar de trabajo a las Administraciones, y se recuerda que estas entidades cobran precisamente para ser ágiles.

Necesidad de agilizar

El presidente de los promotores de las islas advierte que cualquier intento para impulsar la edificación de nuevas residencias en el archipiélago está abocado al fracaso si no se logran reducir sustancialmente los tiempos de espera que actualmente se registran en la tramitación de las licencias urbanísticas, y que provocan que haya inversores que desistan de impulsar iniciativas ante la inseguridad que se genera.

En este sentido, defiende que una medida como esa ayudaría a revertir la actual tendencia a la baja en la puesta en marcha de proyectos para la promoción de nuevos inmuebles residenciales.

Luis Martín indica que está propuesta ha sido presentada al Govern, y añade que se ha pedido una reunión con la consellera de Territorio, Marta Vidal, para tratar precisamente el diseño definitivo de la citada ley actualmente en tramitación.

Buena idea con letra pequeña

El presidente del colegio oficial de aparejadores de Mallorca, Luis Alfonso de León, califica la propuesta de los promotores de «buena idea», pero advierte que su efectividad real va a depender de la «letra pequeña».

Como ejemplo, apunta que de poco va a servir que un organismo privado agilice todos esos trámites si finalmente el funcionario de turno no se fía del trabajo realizado y opta por comprobarlo todo, acumulando de nuevo meses de espera.

Aclarar condiciones

El presidente de los aparejadores recuerda el papel que los colegios profesionales como el suyo o el de arquitectos han jugado en la tramitación de los fondos europeos para las rehabilitaciones energéticas, lo que se podría llevar también a las licencias urbanísticas, pero pone de relieve que es necesario aclarar las condiciones bajo las que se quiere impulsar está iniciativa.

En este sentido, recuerda que estas entidades de certificación urbanística deberán homologarse y demostrar que cuentan con personal cualificado, y deben aclararse aspectos como quién pagará sus servicios y qué proyectos podrán controlar.

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