UGT pide la intervención de la Fiscalía por el envío desde Asuntos Sociales de correos en apoyo a la huelga de Vox

El sindicato UGT ha reclamado hoy la intervención de la Fiscalía de Baleares ante el envío por parte de la Secretaría General de Asuntos Sociales que ocupa David Lozano de un correo a los trabajadores de esa Conselleria de un email alentando a la participación en la huelga general convocada por el sindicato Solidaridad, vinculado a Vox.

Según el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Miguel Angel Romero, no existen precedentes en la Administración en los que se hayan empleado recursos públicos para llamar a la participación en una movilización con una orientación política, haciendo uso de un correo corporativo desde el que se han enviado emails a los trabajadores. Prueba de la trascendencia que este sindicato da a lo sucedido es que Romero ha comparecido hoy en Palma junto a la secretaria estatal de la citada federación de UGT, Isabel Araque, para denunciar estos hechos cuyo alcance se considera nacional.

Asumir responsabilidades

Además de apuntar la citada intervención de la Fiscalía, Romero ha señalado también que ante la gravedad de estos hechos, «cada uno en el ámbito de sus responsabilidades deberá tomar las decisiones pertinentes», lo que supone situar la pelota en el tejado de la consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, y de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Los argumentos esgrimidos desde UGT son, en primer lugar, que un responsable político no puede llamar a la participación en una huelga, especialmente si ésta tiene un cariz claramente político, ya que no se justifica por la negociación colectiva y la reclamación de mejoras en las condiciones laborales.

Además, se considera que se instrumentaliza a la propia Administración pública, con un comportamiento que rebasa lo laboral para caer en la citada orientación política. Hay que tener en cuenta que en el email emitido desde la Secretaría General se adjunta el documento con la convocatoria de la huelga del sindicato vinculado a Vox y la explicación de los motivos con los que quiere justificar esta protesta.

Romero insiste en que el hecho de que el empleador haga un llamamiento para no trabajar «rebasa el ámbito del derecho al trabajo», ya que el primero no puede intervenir con represalias o coacciones, pero tampoco instrumentalizar la protesta.

Sin precedentes

En este sentido, subraya que en las anteriores convocatorias de huelgas generales y otras movilizaciones han sido los sindicatos convocantes los que han enviado a los trabajadores las peticiones de movilización y las explicaciones sobre los motivos, pero nunca hasta ahora había sido un papel desempeñado por la propia Administración pública.

En relación con este caso, Romero concluye que «hay veces en las que se constata que la ignorancia es muy atrevida», al tiempo que insiste en que se tomen las decisiones pertinentes en el ámbito de las responsabilidades políticas.