Un cura de Ibiza se enfrenta a seis años de prisión por abusar de dos menores

Otras tres víctimas, una de ellas de Mallorca, denunciaron al párroco Juan Manuel de Souza, que se quedaba a solas con los adolescentes aprovechando la confianza de sus familias

Juan Manuel de Souza.

Juan Manuel de Souza. / PSP

Ángela Torres

El ministerio fiscal solicita seis años de prisión para Juan Manuel de Souza, el párroco de Ibiza acusado de abusar sexualmente de varios menores en la isla, por dos de los casos, según recoge el escrito de acusación. El primer caso por el que se enjuicia al acusado ocurrió en 2005, cuando el sacerdote aprovechó la relación de confianza que mantenía con la familia a partir de sus labores como dirigente de la comunidad religiosa católica Camino Neocatecumenal (‘los Kikos’) para abusar presuntamente de uno de los hijos de la familia, de doce años de edad, según la Fiscalía.

El escrito de acusación relata que Souza, natural de A Coruña y que acaba de cumplir 73 años, propuso a los progenitores de la víctima, que acudían con regularidad a una de las iglesias donde celebraba y dirigía reuniones en la isla, que el menor se quedara a dormir en la casa parroquial una noche de ese verano, a lo que ellos accedieron. En ese contexto, el sacerdote aprovechó la vulnerabilidad del niño para acercarse a él con ánimo libidinoso y tomar ventaja de la situación de «superioridad, respeto y confianza» para tocarle los genitales por debajo de la ropa interior a la vez que se masturbaba, según especifica el escrito redactado por la Fiscalía. Cuando regresó a su domicilio al día siguiente, el niño les dijo a sus padres que no quería volver a quedarse con el ahora acusado en ninguna otra ocasión o realizar cualquier otro tipo de actividad con él. El documento de acusación indica, por otra parte, que otro de los hijos de la familia denunció haber sufrido los mismos abusos por parte del acusado el 1 de junio de 1994, cuando también era menor, hechos que han prescrito.

Por otra parte, el segundo caso por el que se juzgará al sacerdote tuvo lugar de manera continuada durante los años 2009 y 2010, cuando la víctima, otro menor de edad, tenía 13 y 14 años. De nuevo, la familia del niño tenía una relación cercana con el acusado por su pertenencia a la comunidad de ‘los Kikos’. En este caso, la madre de la víctima se había quedado viuda años atrás con siete hijos a su cargo. Sus recurrentes visitas a las iglesias donde el cura oficiaba misa fueron la toma de contacto con él y a partir de lo que se construyó esta confianza.

El menor, de 13 años en el momento en que se cometieron los primeros abusos, quería ordenarse sacerdote, motivo por el que, aparentemente, el párroco le invitó a pasar dos noches al mes a la casa parroquial. Era entonces cuando el acusado aprovechaba para abusar del niño tocándole las partes íntimas y para colocarle la mano en las suyas para que le masturbara «con ánimo de satisfacer su apetito», apunta el escrito. También le enseñaba al menor, con la misma intención, fotografías de mujeres desnudas.

Dos penas distintas

El párroco se enfrenta, por estos casos, a dos penas distintas. La Fiscalía reclama al acusado, por el primer caso, un total de tres años de prisión por una supuesta comisión de un delito de abuso sexual y una indemnización a la víctima de 9.000 euros por los daños morales sufridos. Por el segundo caso, el fiscal pide otros tres años de cárcel por un presunto delito de abuso sexual continuado y un pago a la víctima de la cantidad de 20.000 euros.

Otras tres víctimas denunciaron sus casos después de que el primer joven diera a conocer el suyo. Aunque en los tres primeros los hechos habían prescrito ante la Justicia. Tanto la segunda como la tercera víctima tuvieron contacto con el acusado a través de ‘los Kikos’. El tercer denunciante, de Mallorca, confesó haber sufrido los abusos del acusado en 1996, cuando tenía once años. Esta presunta víctima decidió activar su caso en junio de 2021, tras la aparición de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia o ‘ley Rhodes’, según la que el plazo de prescripción del delito se cuenta a partir de que la víctima ha cumplido los 35 años de edad.

Un cuarto testigo apareció tras la revelación de estos tres casos. Este cuarto denunciante vivió la pesadilla en 2006, cuando ya era mayor, a los 28 años. La víctima y su familia estaban en una situación de gran vulnerabilidad económica cuando el cura les acogió y ellos, debido a la confianza que tenían en él, se quedaron en su casa, según relató en su día este hombre.